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Desde su eclosión en la década de los ochenta, el esfuerzo fundamental de las entidades sin ánimo de lucro, entre ellas, las de atención a personas con discapacidad, se ha centrado en ofrecer servicios a sus usuarios. Acuciados por las circunstancias y carencias existentes, este empeño fue entendido muchas veces como la obligación de contar con más centros, más plazas, mejores profesionales; dar servicio, en suma. A treinta años vista, el resultado puede calificarse como un éxito en términos generales, aunque la distancia temporal haya desvelado también el tributo que hubo que pagar.

La historia del brillante inventor de Massachusetts desbarata muchos mitos, que surgen de no comprender cómo funciona el mercado, y reticencias acerca de la relación entre la discapacidad y las nuevas tecnologías, sobre todo en lo que concierne a cómo han contribuido estas a la integración de los discapacitados en la sociedad.

La relación entre ceguera y cupones está demasiado arraigada en nuestra sociedad. Parece que la venta es el sitio natural, la ocupación reservada para las personas invidentes, a la que sólo pueden buscar alguna alternativa dentro de la propia ONCE. Y esa imagen no la borran los creativos publicitarios de la casa. La institución tiene un vínculo contraproducente con el cupón en cuanto al objetivo de la integración en el mercado laboral ordinario, principal indicador, éste último, de la normalización.

A la vulneración de los derechos humanos de las personas consideradas dependientes por la Ley de Promoción de la Autonomía se añade el atentado contra instituciones elementales como el cuidado y la protección, en el seno de la familia, de todos sus miembros. Leyes como la que dice promocionar la autonomía personal colectivizan la limitación funcional, difuminan la responsabilidad individual y la previsión para el futuro, en favor de un sistema burocrático inhábil, que da alas al revanchismo entre distintos grupos de intereses.

La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las personas en situación de dependencia, popularmente conocida como Ley de Dependencia, es la ley social más reciente y novedosa de ámbito estatal para las personas con diversidad funcional. Sin embargo, vulnera en muchos aspectos la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por España en mayo de 2008.

Las personas con discapacidad han estado ausentes de la oferta lúdica y recreativa hasta bien entrado el siglo XX. Tras la I Guerra Mundial, el deporte adaptado comenzó a emplearse como terapia para la rehabilitación y con los I Juegos Paralímpicos, en 1960, se inició una nueva etapa de reconocimiento hacia los deportistas con minusvalías, no exenta de dificultades. Con adaptaciones de material y reglamento, el ‘deporte de discapacitados’ pasa a ser una competición de máximo nivel, marcada por la superación personal y el reconocimiento social.

La supresión de barreras arquitectónicas y la accesibilidad a las comunicaciones permite a las personas con discapacidad desarrollar sus actividades diarias con la máxima normalidad y autonomía. Unas actividades que suponen la participación laboral, pero también el acceso a la educación, a la información, al ocio, al consumismo y a todos los bienes y servicios que ofrece el Estado de bienestar. Les permite, en definitiva, hacer valer los derechos fundamentales de todo ciudadano.

La discapacidad no es una problemática lejana. En la actualidad hay más de 500 millones de personas en el mundo que padecen algún tipo de discapacidad. Según la ONU, 8 de cada 10 podrían vivir en el mundo en desarrollo; lo que multiplicaría su dificultad de adaptación e integración social. En España, son 3,8 millones.