La complejidad del término así como sus diversas etapas de evolución, hacen necesario acotar el objeto de estudio para transformarlo en algo abarcable, por lo que nos limitaremos a tratar aquí lo concerniente a la tercera ola de globalización, la que consideramos se está viviendo ahora y que comenzó en la década de los ochenta con la incorporación a los flujos económicos mundiales –a través del paso de una economía basada principalmente en las materias primas a una crecientemente vinculada a los productos manufacturados- de una serie de países en vías de desarrollo, especialmente de las zonas de Asia y América Latina.

Aún así, a riesgo de excluir el resto de aspectos susceptibles de ser ‘globalizados’ dando preeminencia a los relacionados con el mercado, definiremos ‘globalización’ de forma más amplia, como la vinculación supranacional e intercontinental de los principales procesos y flujos de diferente índole, ya sean sistemas políticos, comunicacionales, informativos, militares, culturales o sociales que afectan a las diferentes regiones del planeta.

Ahora bien, sabemos que esto está ocurriendo, ¿pero cuáles son los beneficios de este proceso?, ¿qué actores implicados en el mismo se ven beneficiados, por lo que al fin y al cabo se traduce en una disminución del poder de los estados frente al avance de los mercados?

A menudo se identifica la globalización con un mayor crecimiento económico, aparición de nuevas oportunidades… la pregunta es para quién, ¿se ha aplicado de forma paritaria los beneficios de esta nueva forma de entender el orden mundial? Puede afirmarse sin miedo a error, que no. Si la respuesta fuera afirmativa, si los países del Sur hubieran seguido el mismo camino de escalada hacia la riqueza que los del Norte, los recursos de la Tierra estarían al borde de la extinción. En resumidas cuentas: el mercado global no se corresponde con unos objetivos sociales compartidos de igualdad, solidaridad ni avance común y sostenible.

Aunque un primer análisis lógico, pero superficial, nos diga que la creación de riqueza –en este caso proveniente de los eficaces sistemas de deslocalización de la producción e interdependencia de los mercados- nos acercaría a la erradicación de la pobreza, la evidencia muestra que la eficacia económica no tiene nada que ver con un reparto equitativo de los resultados. Es más, ésta suele ser labor de las políticas sociales de los estados, instituciones que por definición, con el avance la globalización, tienden a ver mermada su autoridad frente al empoderamiento de las leyes del mercado y los entes que sustentan el poder económico.

Los defensores de la globalización recurren especialmente a este argumento al que hemos hecho referencia, el crecimiento neto de la riqueza mundial que se está viviendo desde que el término ‘mercado global’ se ha hecho tangible. Pero no es el único, los ‘globofílicos’ a menudo defienden que la globalización ha traído consigo una larga época de paz y prosperidad acompañada por una mayor libertad individual, que se traduce, entre otras cosas, en la capacidad para estar comunicado e informado gracias a la ‘Aldea Global’; flujos informativos y comunicacionales activos gracias a la tecnología de la comunicación.

Sin embargo, echar un vistazo a algunos datos sobre la pobreza y las desigualdades que vive el mundo actualmente, hace que estas ideas suenan casi a utopía. De que el proceso de globalización ha sido beneficioso para muchos no hay duda, pero ¿qué ocurre cuando mirando el otro lado de la moneda observamos, por ejemplo, que la deslocalización a menudo se traduce en una desviación de la producción a regiones con costos laborales más bajos? Los detractores del fenómeno de la globalización tienen aquí un evidente argumento para afirmar que las barreras internacionales están abiertas sólo para los beneficios.

Como hemos dicho, con datos en la mano, no es difícil poner en tela de juicio las afirmaciones pro globalización que sobre riqueza, acceso a la información y situación de paz abanderan los globófilos.

Según el Informe del Milenio del Secretario General de las Naciones Unidas (2000), casi la mitad de la población mundial subsiste con menos de 2 dólares al día.  Atendiendo a este mismo informe, observamos que, si bien es cierto que el periodo de paz entre las grandes potencias mundiales supera el medio siglo y que observando nuestra realidad más cercana, que sería la Unión Europea, podemos constatar que nos hallamos en un entorno seguro, también es cierto que las guerras siguen produciéndose en el resto del mundo de forma brutal –más de 5 millones de muertos en la última década del Siglo XX-, los convenios humanitarios a menudo no se respetan y el mercado armamentístico –no siempre legal- está en auge. Por último, vemos que según el Informe de 2009 del Grupo de Tareas sobre el desfase en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, casi una cuarta parte de la población mundial puede conectarse a Internet. Sin embargo, menos del 13% de la población de los países en desarrollo lo utiliza frente al 60% en los países desarrollados.

Atendiendo a estas razones, quizá sería necesario plantearse la necesidad de llevar a cabo un proceso globalizador más lento, consciente y coherente con la realidad que nos rodea, para evitar dejar atrás a millones de seres humanos.

La legislación colombiana, a través de su Código Penal, define el secuestro como toda retención en contra de la voluntad de las personas, con el propósito de pedir a cambio de su libertad una utilidad específica o para sacar algún provecho. Sin embargo, estas mismas leyes diferencian entre dos tipos de privaciones de libertad: el secuestro simple y el secuestro extorsivo. Éste último tiene fines económicos y/o fines políticos y sus principales autores son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de  Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la delincuencia común.

Durante el período 1996-2003, la Justicia colombiana, encargada de investigar estos casos, atribuyó a las FARC  el secuestro de 4.153 personas, un 30.5% del total. En el mismo intervalo de tiempo, el ELN podría haber secuestrado a 3.377 personas, un 24,8% de las desapariciones. Sin embargo, en un 20,5% de los casos no se ha podido determinar quién era el responsable de la desaparición, por lo que, se desvincula en cierta medida el fenómeno del conflicto que el Estado colombiano vive con los grupos armados.

Ante esta realidad, el país parece haber tomado determinadas medidas que pueden ser las responsables de ese pequeño descenso en el número de secuestros. De esta manera, el Departamento Nacional de Planeación de la República de Colombia ha establecido unos mecanismos para buscar e identificar a las personas desaparecidas: la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNPD); el Plan Nacional de Búsqueda (PNB); el Registro Nacional de Desaparecidos (RND); el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) y el Formato Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (FNBPD), entre otras medidas.

Con estos mecanismos y apoyándose en el plano internacional en el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas, el gobierno colombiano pretende así  determinar el paradero y la situación de las personas cuya desaparición se ha denunciado; terminar con  la privación ilegal de la libertad; y generar información suficiente para la determinación de los motivos y circunstancias de la desaparición y de los posibles responsables.

Sin embargo, a pesar de contar con estas importantes armas, el Estado colombiano aqueja unas dificultades contra las cuales le resulta complicado combatir: no existe una estimación confiable del número de desapariciones asociadas a la violencia y, en consecuencia no hay una respuesta estatal que satisfaga y repare los impactos psicológicos y materiales que sufren las familias, la sociedad civil e incluso la comunidad internacional.

Esta situación crea en los familiares de los desaparecidos una enorme decepción y falta de confianza en la acción estatal, la cual perciben como ineficaz e incluso peligrosa en los casos en los que están implicados las FARC o el ELN, pues la intervención del Ejército Nacional hace que los familiares teman un terrible final.

El próximo mes de mayo, Colombia elegirá un nuevo gobierno que dirigirá el destino del país durante cinco años. No cabe duda que el Ejecutivo que salga de estas urnas deberá enfrentarse al problema de los desaparecidos, adoptando una postura estricta  y persecutoria con los grupos armados, como la que sigue el actual gobierno de Álvaro Uribe y defienden candidatos conservadores como Noemí Sanín o Andrés Felipe Arias; o una posición más dialogante, que apuesta por la intervención social, como la defendida por la senadora Piedad Córdoba y el Partido Liberal o por el candidato a la presidencia, Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano por Colombia.

Para ilustrar estas afirmaciones, nos remitimos a los datos sobre mercado laboral del Instituto Nacional de Estadística, donde las última encuesta de estructura salarial (serie 2004-2007) arroja cifras que dejan a la mujer en desventaja constantemente. Llama la atención observar que, por sectores, incluso en aquellos que tradicionalmente se asocian a la mujer, como es la docencia, la mujer cobra menos que el hombre, con una media de 20.807′25 euros anuales donde la del hombre se sitúa en 22.787′21. Menos asociable es la imagen de una mujer es a la dirección de empresas o administraciones públicas, cargos en los que la brecha salarial que presentan las mujeres con respecto a sus colegas varones es de 44.690′37 euros anuales por trabajadora, respecto a los 67.525′38 euros por trabajador.

Por hora trabajada, una mujer española cobra una media de 10′85 euros, mientras que el hombre percibe 13′ 41. Hilando más fino aún, observamos que cuando los trabajos son de responsabilidad o de categoría denominada “alta”, la brecha salarial es mayor que en empleos menores, en los primeros la mujer cobra 15′51 euros por hora donde el varón alcanza los 20′6, con una diferencia notable de 5 euros. Por su parte, en los trabajos denominados “menores”, la diferencia es de poco más de dos euros, la mujer recibe 8′02 frente a los 10′39 del hombre.

Si estas diferencias se deben a algo que responda a lógica, desde luego no podrá ser a ningún asunto relacionado con la capacitación ni formación, ya que la mujer está muy bien posicionada en estos baremos, según el informa “Mujeres y hombres 2009” del Instituto de la Mujer. En cuanto a enseñanzas superiores, existen más alumnas que alumnos matriculadas en los centros de estudio españoles, ya sean en ciclos formativos de grado superior (donde las mujeres representan el 50,7 del alumando matriculado), o en enseñanzas universitarias de diferentes ciclos (donde la presencia de mujeres supone el 54,7 de las matrículas). Según disciplinas científicas, la presencia de la mujer destaca en la rama de Ciencias de la Salud, donde su participación es mayoritaria con un destacable 74%; aunque en Ciencias Sociales y Humanidades tampoco la cifra es baja, las alumnas suman en torno al 60 por ciento de las plazas ocupadas. A pesar de estas cifras, en principio alentadoras que hablan de una mujer emprendedora, con inquietudes y que se abre paso a través de su valía y aspiraciones, por contra nos encontramos que en las profesiones asociadas a la enseñanza secundaria, los sueldos siguen siendo muy dispares en perjuicio de la mujer, que cobra una media anual de 20.056′40 euros por trabajos asociados al primer ciclo de enseñanzas universitarias, mientras el hombre cobra 30.837′22; y si hablamos de profesiones que tengan que ver con el segundo ciclo de enseñanzas universitarias o superiores, encontramos que la mujer cobra 28.619′54 euros donde el hombre percibe 38.716′72.

Las cargas familiares siguen siendo una tónica que marca la vida de la mujer más tarde o más temprano. La difícil combinación familia-trabajo y la falta de soluciones políticas concretas que ayuden a esta conciliación (teletrabajo por días, guarderías en los centros de trabajo, etc) hacen que la maternidad se retrase cada vez más en el tiempo, situándose en los 30,9 años según las últimas cifras publicadas por el Instituto de la Mujer. También se observa el dato de que la mujer es la cabeza de familia de las unidades monoparentales en un 86% de los casos, cifra que denota en manos de quien está de manera más generalizada el peso y la responsabilidad de tener un hijo.

La mujer trabajadora se enfrenta a muchas barreras y quizás una de las más incongruentes sea la de el acceso a los puestos de responsabilidad, a cuya diferencia salarial en razón de sexo ya hemos hecho referencia. Aquí se da una brecha siempre visible que no encuentra relación directa que la justifique. Precisamente, volviendo al significativo ámbito de la universidad, la mujer tiene más presencia como alumna pero no la tiene como docente en ninguno de los niveles existentes. Las cátedras universitarias son ocupadas por mujeres solo en un 14 por ciento de los casos y alcanzan el 36′6 por ciento en las plazas de profesorado titular. En el resto del personal docente (asociados, ayudantes, ayudantes doctores, colaboradores, contratados doctores, eméritos, maestros de taller, profesores visitantes y otro profesorado), que en su mayoría es personal contratado, también hay una baja representación femenina que solo supone un 37 %. Si estas cifras se deben a la falta de interés de la mujer por ocupar estos puestos, desde luego esto no es algo apreciable en sus años de formación, cuando ocupan el grueso de las plazas disponibles en casi todas las especialidades.

Los procesos de toma de decisiones parecen estar vetados para la mujer en cierto grado, puesto que han surgido políticas desde el gobierno español e incluso consejos desde la Unión Europea y Naciones Unidas para fomentar una participación femenina que no sea inferior al 40 % en cualquiera de los órganos de decisión. Este porcentaje ha sido establecido como mínimo en la legislación nacional española para alcanzar una composición equitativa en todos los ámbitos clave para la toma de decisiones. Por otra parte y a este respecto sí que hay que tener cuidado de no rellenar los puestos simplemente por cupos, antes que en razón de la preparación y capacitación para el cargo que presenten tanto la mujer como el hombre que lo ocupe.

La condición de ser mujer no debe suponer, en ningún caso, un valor añadido. Lo básico para fomentar la igualdad no deben ser los cupos a cubrir, pues de poco sirven si los rellenamos aleatoriamente con mujeres o con hombres no preparados. La igualdad debe entenderse como igualdad de oportunidades en todas las instancias, puesto que las mujeres han demostrado y demuestran día a día que están capacitadas para trabajar y competir con justicia en ese contexto de igualdad.

Puede parecer extraño querer dar valor al disfrute de un parque, al agua que corre libre a lo largo de un río, al suelo de una pradera virgen, etc. Pero es estrictamente necesario. La razón de otorgar valor monetario a los bienes y servicios ambientales, más conocidos por recursos naturales, viene dada por lo que se conoce como La tragedia de los comunes propuesta por el biólogo Garrett Hardin (The Tragedy of the Commons en Sience: 1968).

Esto es, cuando se disfruta de un bien común o público (como es un recurso natural) todas las personas que explotan dicho bien, actuando de manera racional,  intentarán sacar el máximo partido de manera individual, ejerciendo una presión mayor para sacar el máximo partido. Si todos los participantes actúan de la misma forma, el resultado final es una sobreexplotación del citado bien. Y termina siendo, a la vez perjudicial para todos, porque no será posible mantener esta cota de explotación a lo largo del tiempo, ya que acabara por no ser rentable en términos económicos.

Al final lo más beneficioso colectivamente es cooperar para mantener dicha explotación, pero es difícil conseguir la cooperación comunal debido a los intereses individuales y a la desconfianza de que los demás vayan a colaborar .

Los problemas ambientales que se nos presentan en la actualidad son reflejo de esta “tragedia”. Un ejemplo claro es la contaminación, de manera más concreta y comprensible:  una determinada empresa vierte aguas residuales a un río que se clasifica como dominio público hidráulico, al cual tenemos derecho todos los ciudadanos: esta empresa carga el coste de tener un río limpio, sobre el resto de personas que pueden disfrutar del río. En este caso la empresa actuaría de manera racional deshaciéndose de sus aguas residuales, “explotando” un bien común, pero acaba perjudicando a todos los demás. De este hecho deriva uno de los principales emblemas de la legislación en materia de medio ambiente en Europa, como es: quien contamina paga.  Así hoy en día esta empresa tendría que pagar el coste de reparación del daño ambiental que está causando sobre el recurso.

En la actualidad, los gobiernos intentan dar valor a dichos bienes poniéndoles un precio de mercado, sensibilizando a personas físicas y jurídicas, legislando y sancionando. Unas veces la solución viene dada por la propiedad privada, otras se podrá conservar la propiedad pública.  No existe una única medida, antes bien se opta por una integración de todas ellas. La finalidad de estos mecanismos es, en definitiva, procurar ser cada vez más eficientes en el aprovechamiento de nuestro medio ambiente.

Por todo lo anterior, es indispensable intentar dar un valor económico a los recursos, necesitamos conocer su valor económico, ya que parece ser lo único que importa para la gran mayoría de la sociedad actual sensibilizada, ante todo, respecto a lo pecuniario y fiduciario. De lo contrario, el comportamiento humano está dirigido a acabar con toda la riqueza que la naturaleza nos proporciona.

Carmen María Escudero Martínez es Licenciada en Ciencias Ambientales y Postgrado en gestión integrada de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales.

Desconozco el Colorín y cómo se desempeña en un estampado multicolor, en un vestido floreado o en la tradicional camisa a cuadros. O si es capaz de describir los matices, si distingue el verde vidrioso del esperanza. Pero, en principio, desconfío. No sé muy bien por qué, el anuncio me sugiere que la ONCE ha apostado, desde sus comienzos, por una integración  tutelada de los ciegos en la sociedad. Tanto la han mimado, con tanto cuidado se usó el tamiz institucional, que casi perdemos la integración por el camino.

“Pero hombre, ¿cómo va a tener a la niña todo el día en la calle? ¿tendrá usted por lo menos un quiosco?” Me espetó un taxista una mañana, cuando llevaba a mi hija a la guardería. “¿Me vende usted dos números?”, me han preguntado alguna vez, junto a una cafetería,  mientras esperaba a un amigo, algo impuntual,  para desayunar. La cosa va más allá de la anécdota.

Desde que  el gobierno del entonces General rebelde diera su consentimiento en Burgos, en los primeros meses de la Guerra Civil, la ONCE no ha conseguido que los ciegos españoles participen con total normalidad en la fuerza productiva del país. La venta del cupón es una actividad digna y legítima, y una opción muy ventajosa, en algunos casos. Pero no puede ser, durante setenta y cinco años, la principal ocupación de la población deficiente visual o invidente. De lo contrario, señal  de  que algo no funciona como debe; máxime si se tiene en cuenta que la posibilidad de encontrar trabajo es el mejor indicador de la normalización.

A pesar de que las cifras han mejorado levemente en los últimos años, todavía son una excepción los ciegos que han logrado emprender una carrera profesional al margen de la organización. Los resultados son muy preocupantes, si consideramos los recursos económicos y humanos de los que dispone. Porque, a la plantilla de agentes vendedores, hay que añadir los discapacitados visuales que ocupan diversos puestos dentro de la estructura de la ONCE. Podemos unirles el puñado que estamos empleados en las administraciones públicas. Y junto a la casi inexistente presencia de ciegos en el empresariado, los datos reflejan una situación que no invita precisamente a la autocomplacencia.

Si bien es cierto que el intervenido mercado laboral de nuestro país -con el ineficaz sistema de cuotas entre sus rigideces más notables- no es un aliado fiable para la causa, alguien, con responsabilidades en el ámbito de la ceguera, tendría que impulsar un análisis más cercano a la realidad. Porque la escasa participación de los invidentes españoles en la búsqueda activa de empleo ajeno a la ONCE es una consecuencia inevitable del modelo organizativo que adoptó la entidad.

La relación entre ceguera y cupones está demasiado arraigada en nuestra sociedad. Parece que la venta es nuestro sitio natural, la ocupación reservada para nosotros, a la que sólo podemos buscar alguna alternativa dentro de la propia ONCE. Y esa imagen no la borran los creativos publicitarios  de la casa con sus demostraciones de ingenio, por muy brillantes que sean.La institución tiene un vínculo contraproducente con el cupón, en cuanto al objetivo de la integración en el mercado laboral ordinario.

Yo no me atrevería a secundar las alabanzas que despierta el modelo de organización de Ciegos de España, con una ausencia de autocrítica que no se admitiría en cualquier otra circunstancia; sobre todo si sus dirigentes no utilizaran tan a menudo  su condición de ciegos, buscando sólo privilegios y parabienes.

Hay organizaciones de otros países que aquí son tratadas de forma muy condescendiente; pero que, con medios más modestos,  prestan un apoyo importante a la población invidente que demanda sus servicios. En el terreno de las ayudas técnicas, por ejemplo, hay instituciones que la ONCE debería tomar como ejemplo, en lugar de empecinarse en su estrategia de sustitución de importaciones, y en blindar este mercado, perjudicando a los ciegos de este país.

Es difícil encontrar en el mundo un caso similar, en el que la integración tenga menos protagonismo que los intereses de la casta política que dirige la entidad. Y esta es otra de las principales anomalías del modelo organizativo que ha construido la ONCE. La falta de democracia interna.

El noventa y tantos por ciento de los votos, porcentaje con el que ha ganado las últimas cuatro o cinco elecciones Unión Progresista, que gobierna desde hace varios lustros, sugiere que hay varias cosas por investigar; en efecto, hay numerosos ejemplos de prácticas que no encajan en un engranaje democrático. Pero nadie las investigará. Ni siquiera en las Cortes, donde sus señorías deberían fiscalizar con más rigor el desempeño económico y la gestión de un institución que financian tan generosamente, mediante una asignación anual que cubre los descuadres ocasionados por la pérdida de ingresos procedentes del cupón. Mientras, el Consejo de Protectorado, organismo gubernamental que se encarga de vigilar el cumplimiento de los fines asignados a la entidad, actúa a veces como protector de sus directivos.

La ONCE es un  monopolio que creció demasiado, alimentado por el régimen de Franco, y que después de la transición fue  reforzado por todos los gobiernos democráticos, sin excepción. La Organización de Ciegos, que sigue siendo la única permitida legalmente, se aisló y se enrocó en sí misma, y sus afiliados se refugiaron en ella, apartándose de sus conciudadanos.

Por ejemplo, hasta bien entrados los ochenta era inconcebible educar a los niños ciegos en su entorno, fuera de la enseñanza segregada en los centros de la ONCE.  El índice de fracaso escolar era muy alto y los alumnos buscaban al salir el dinero seguro que proporcionaba la venta del cupón. La ONCE siguio creciendo, y engordando, y los afiliados empezaron a quedarse por las tardes en las delegaciones, después de devolver los décimos con los que nadie quiso probar fortuna. Y allí, con otros ciegos, empezaron a formar grupos de teatro, y a modelar arcilla, y a jugar al ajedrez; todo dentro de la ONCE, que bendijo también muchos matrimonios entre sus afiliados. Esto en sí no tiene nada de particular, pero no es integración. Y está bien cuando se elige libremente, pero es muy perjudicial cuando es el resultado del miedo al mundo exterior, que se nutre en este tipo de organizaciones tan cerradas y endogámicas. Que van absorbiendo cada vez más parcelas de poder y de la vida de sus afiliados.

Para que el Colorín fuera un reflejo aún más perfecto de la integración tutelada que nos ha traído la ONCE, podían haberle puesto al artefacto la voz del presidente de su Consejo General: “Escoge otra camisa de tu armario, hijo mío, que vas mal combinado”.

Jorge Bolaños Martínez es Doctor en Economía y  miembro del Instituto Juan de Mariana.

El nuevo Presidente chileno ya ha mostrado su apuesta por la defensa de la libertad y de los derechos humanos y, sin extenderse en la cuestión, ha criticado a la dictadura cubana. Buena noticia puesto que cualquier contemporización, cualquier apaciguamiento, sólo beneficiará al Castrismo. Con  todo ello, la sociedad chilena ha experimentado sólo un cambio de gobierno y ha consumado la alternancia en el poder sin sobresaltos. Su grado de madurez es incuestionable y le convierte en un referente para América Latina. Sus instituciones (Parlamento o poder judicial, por citar sólo las más importantes) siguen su curso sin mayores sobresaltos.

Colombia, Perú y Brasil celebrarán elecciones en los próximos meses. Por ahora, el caso brasileño es el que más noticias está generando, puesto que la candidata de Lula, Dilma Rousseff, está lejos en las encuestas. ¿Radicalizará su discurso orientándolo hacia la izquierda para tratar de invertir la tendencia de los sondeos?, ¿optará por el Lulismo? El tiempo lo dirá. En Perú no se presentará Alán García a reelección (constitucionalmente no puede hacerlo) y la lista de candidatos aumenta, con ventaja para Luis Casteñeda. En Colombia, no se sabe si Uribe concurrirá pero sí se están dando los pasos necesarios para normalizar las deterioradas relaciones con el vecino Ecuador, rotas desde 2008. El trabajo de Gabriel Silva (Defensa) y Jaime Bermúdez (Exteriores) es ingente al respecto.

Sin embargo, en otros lares de América Latina el panorama es, desgraciadamente, bien distinto. El bolivarianismo se ha convertido en concepto antónimo de democracia, sistema al que dice defender o incluso afirma ser su exponente . En Venezuela Chávez sigue con los cambios en el gobierno. A cada ministro que “abandona el barco” sigue la misma explicación del caudillo: se va por razones personales. El resultado es que el núcleo duro del socialismo bolivariano está en el poder, un cheque en blanco para que las nacionalizaciones y expropiaciones sigan siendo el modus operandi. Un sector, cada vez mayor, de la sociedad venezolana no soporta esta forma en que son dirigidos y así lo manifiesta. Si fuese capaz de dejar de ser un todo heterogéneo y se convirtiera en un partido político, las esperanzas de cambio aumentarían.

Sigamos con el mapa bolivariano de la región. La siguiente parada es Bolivia. Evo Morales planea un nuevo liberticidio siguiendo el hilo argumental previo que mezcla odio de clase con discurso indigenista e izquierdista trasnochado. El aymara está dispuesto a hacer de la división de poderes una utopía y ahora se ceba con el poder judicial, donde quiere dar otro golpe de efecto de tinte nepotista. El resultado no será otro que el ya conseguido durante sus varios años de gobierno: aumento de la polarización social, división del país en definitiva.

Mientras tanto, el nuevo gobierno uruguayo apuesta por el continuismo. El gran ejemplo es que Pepe Mujica se llevó una oleada de apoyo por parte de la clase empresarial argentina. Para ello sólo tuvo que defender algo tan elemental como la estabilidad jurídica. De la mano de Tabaré Vázquez la socialdemocracia se abrió camino en Uruguay; con Mujica camina hacia la consolidación.

Este pequeño país, alejado de titulares mediáticos en la prensa, se ha convertido por derecho propio en un bastión anti-bolivariano lo que supone una mala noticia para los Kirchner, quienes finalmente se salieron con la suya y Martín Redrado ya no está al frente del Banco Central. La independencia de los tres grandes poderes del estado es una entelequia para la Casa Rosada y por contra, el binomio demagogia-victimismo  gubernamental  es una realidad.

Cuando hablamos de Argentina, lo dicho para la oposición venezolana es perfectamente aplicable: malestar creciente pero que no acaba de cristalizar en una alternativa de gobierno identificable, si bien todavía dispone de dos años para organizarse y competir con el peronismo en sus diferentes acepciones. Mientras tanto, es de suponer que Hebe Bonafini, Moyano o Luis D´Elia saquen a relucir su retórica incendiaria y sectaria pro-gubernamental, que no esconde más que sus deseos de aferrarse al poder y beneficiarse de sus recursos.

Alfredo Alcázar es Investigador Agregado del Instituto de Estudios Riojanos

La evaluación de elementos de (in)estabilidad –amenazas, riesgos y oportunidades-, que interactúan tanto regional como globalmente, unida a la experiencia adquirida durante la última década en distintos campos de acción militar y diplomáticas (sean tomadas como ejemplo las operaciones bálticas y asiáticas), ha llevado a la toma de consciencia de una situación en la que se vuelve imprescindible la implementación de una estrategia acorde a la nueva geografía de riesgo y enmarcada en una concepción amplia de la seguridad. Efectivamente, numerosos acontecimientos han tenido lugar desde que se aprobara el Concepto Estratégico vigente en nuestros días (Washington, 1999), a su vez continuación de aquel (1991) que quería recoger los riesgos y amenazas residuales del Pacto de Varsovia y reorientar el uso de la fuerza a la vez que justificaba la permanencia de la OTAN tras el fin de la amenaza soviética por la que había sido creada. Las orientaciones generales de Riga 2006 (Comprehensive Political Guidance) quisieron avanzar donde la falta de consenso interno (2003 y 2005) no permitía decisiones firmes: los acuerdos mínimos apuntaban hacia avances en la estructura de fuerza pero la generalidad de su planteamiento remitía a un contexto estratégico desactualizado (1999).

Finalmente, en Estrasburgo-Kehl (2009) los Estados miembros concluyeron revisar el concepto estratégico vigente desde una década atrás iniciando el proceso complejo trifásico de reflexión, consulta y negociación que conduciría a la aprobación del nuevo concepto estratégico aliado. Para este fin, un Grupo de Expertos, liderado por el secretario general de la OTAN, está consultando a los aliados con el objetivo de recoger sus propuestas en un documento que deberá ser presentado y debatido en la próxima cumbre de la OTAN en Lisboa, a finales de este año 2010. El borrador, si no se alcanza acuerdo, podría desembocar en otra guía de orientaciones generales similar a la de 2006 manteniendo una situación de ajuste ficticio a la nueva realidad multipolar y globalizada, rodeada de conceptos vacíos de contenido –cuyo debate desvía la atención respecto a otros aspectos geoestratégicos, de seguridad, realmente importantes- y unas relaciones transatlánticas basadas en el pragmatismo.

Sin embargo, del proceso se espera la aprobación de un nuevo concepto estratégico que vaya más allá de las generalidades: evalúe y determine la naturaleza, estructura, finalidad y funciones de la Alianza Atlántica en el contexto internacional actual, los retos y oportunidades de los años venideros, así como las implicaciones militares y la conjunción de objetivos y recursos.

También debiera incluir la definición del área de protección aliada: limitada al territorio de los aliados, a la zona euroatlántica o extensible a nuevos espacios de actuación. En este sentido no está de más apuntar el desplazamiento del centro estratégico hacia Asia y el cambio geográfico global determinado por los acuerdos de cooperación con Rusia y otros países asiáticos -donde no existían como en China o la India, o donde se apuesta por el refuerzo sea el caso de Japón o Corea-. Del otro lado de la moneda está la fragmentación regional de la OTAN por la prevalencia de intereses de seguridad nacionales (prioridades locales elevadas al rango de intereses aliados). Llegados a este punto, las garantías de éxito vendrán determinadas por el equilibrio entre la proyección global y la dimensión regional.

Y por supuesto, si terminan los desencuentros cuyo origen parece coincidir con la invocación del artículo 5 del Tratado de Washington tras los atentados del 11-S y la constatación de nuevas amenazas (frente a los enemigos convencionales), convendría incluir en el nuevo documento la actualización sistemática del concepto estratégico, no dependiente de un consenso interno sobre la necesidad del cambio (como ocurrió durante una década: 1999 – hoy), que retardaría una remodelación acorde al mundo cambiante en que vivimos.

Las mujeres de Malí no sólo tienen que enfrentarse, como sus conciudadanos varones, a duras situaciones de pobreza, de falta de acceso a la educación, a la sanidad y a los servicios más básicos de una sociedad avanzada socioeconómicamente; sino que también sufren una discriminación multidimensional que afecta a su vulnerabilidad como mujer en el desempeño de su vida laboral y, muy particularmente, de su desarrollo personal. La legislación relativa a la edad mínima de matrimonio legal y la exclusión de la mujer en la toma de decisión, su posicionamiento inferior dentro de la familia, la ausencia de autodeterminación reproductiva y su exclusión en la planificación familiar, así como la necesidad de autorizaciones masculinas para determinados procedimientos, apuntan hacia una marginalización de las mujeres y reflejan la escasa sensibilidad hacia las condiciones, derechos y necesidades de las malíes por parte de las instituciones oficiales y de la propia sociedad. En el centro de la desigualdad entre hombres y mujeres, propia de una sociedad patriarcal, se encuentra la mutilación genital femenina (MGF).

Practicada en el nombre de la tradición como ritual de paso hacia la edad adulta e incluso como rito purificador, la mutilación genital femenina comprende los procedimientos quirúrgicos que consisten en la extirpación total o parcial de los genitales externos, u otras intervenciones practicadas en los órganos genitales femeninos por motivos culturales o no terapéuticos. (UNICEF, Protección infantil contra el abuso y la violencia, 2009). Las principales MGF practicadas en Malí (KONTE, A: La pratique de l’excision au Mali, 2007) son de dos tipos: clitoridectomía (52%), la menos grave y que comprende ablación del prepucio y del glande del clítoris; y la excisión (47%), que supone la ablación parcial o total del clítoris y de los labios inferiores. Un 1% de las mujeres mutiladas genitalmente han sufrido el tipo más violento: la infibulación o excisión faraónica: tras la ablación del clítoris y de los pequeños y los grandes labios, la vulva es suturada. En este último caso, queda un pequeño orificio para orinar y menstruar, pero las relaciones sexuales solo son posibles tras la incisión del esposo de la cicatriz con un objeto cortante.

Las consecuencias físicas en todos los casos (innumerables e irreversibles en el último tipo) son cuantiosas: dolor agudo, conmoción, infección, quistes y abcesos, formación de cicatriz queloide, daño de la uretra que ocasiona incontinencia urinaria, dispareunia (relaciones sexuales dolorosas) y disfunción sexual, además de dificultades en el parto. Las hemorragias e infección pueden llegar incluso a causar la muerte de la mujer (OMS, Nota descriptiva N°241, Febrero de 2010). Por si esto fuera poco, la práctica de la ablación se ha convertido en un medio más para el contagio del virus VIH, debido al uso del mismo instrumento de operación para varias mujeres. No escapa tampoco la repercusión al plano psíquico: las mujeres y niñas que han sufrido la mutilación genital pueden experimentar sentimientos de vacío, ansiedad, depresión y diferentes desórdenes psicológicos.

Si estas secuelas son bastantes graves para cualquier mujer en un país desarrollado, ¿cómo afrontar la mujer de un país en vías de desarrollo como es Malí? El país africano se encuentra en el puesto 178 del ranking de Estados del Índice de Desarrollo Humano, elaborado por Naciones Unidas. Es decir, es el quinto país menos desarrollado, sólo por detrás de Níger, Afganistán, Sierra Leona y República Centroafricana. Todos ellos cuentan con unas tasas de esperanza de vida que no superan los 50 años, y con unas tasas de alfabetización de adultos que tampoco llegan al 50% de su población.

Las graves consecuencias físicas y psíquicas de tales intervenciones no son suficientes para frenar dicha práctica y las disminuciones percibidas son atribuibles al movimiento global antimutilación que ha implicado, entre otros actores, a los dirigentes de los Estados, creando políticas de concienciación y reubicación que han conseguido reducir los casos de ablación. Sin embargo, el auténtico enemigo a su eliminación es precisamente el arraigo de tal práctica entre la sociedad y particularmente entre las mujeres, es decir: el significado atribuido social y comunitariamente que convierte la práctica en necesaria o incluso imprescindible para ser considerada parte del grupo cultural en el que nacen y viven.

Malí  ha ratificado el Protocolo de Maputo que prohíbe toda forma de mutilación sexual y celebra desde 2004 la Jornada Internacional por el Abandono de la Excisión, Tolerancia Cero con la MGF, con motivo del día mundial contra esta práctica, destacando cada año un aspecto de la lucha contra la ablación y la importancia de factores como la cultura, la familia o la educación. Además, este país del África Occidental, a través del Ministerio de Promoción de la Mujer, la Infancia y la Familia, ha creado el Comité Nacional de Acción para la Erradicación de Prácticas Nefastas para la Salud de la Mujer y la Infancia. Sin embargo, no hay disposiciones legislativas específicas que repriman las MGF ni que penen a los autores de dichas prácticas.

La ablación sigue presente porque el problema es más profundo aún: está enraizado en la propia sociedad, entre las propias mujeres malíes. Son muchas las comunidades y las propias mujeres las que conciben la ablación como un rito que marca el paso de la infancia a la edad adulta, un proceso que les prepara de cara a la sociedad; o/y como un rito purificador, cuya ausencia desterrará a la mujer de la comunidad, deshonrando a su familia y sin posibilidad de encontrar esposo; o/y como una práctica que preserva la identidad de la mujer como madre y esposa; o/y como práctica que asegura la virginidad de la futura esposa cuando llegue al matrimonio, la fidelidad una vez casada y el control de la sexualidad entre los cónyuges. También se ha asociado a obligaciones y recomendaciones religiosas. En todos los casos, puede llevar a la mujer no sometida a la MGF a una verdadera exclusión social.

Para que no se produzca un rechazo social frente a la mujer no mutilada, diversas asociaciones, instituciones y ONG están trabajando para concienciar a la sociedad de los perjuicios que conlleva a la mujer: crean rituales alternativos, que respeten la ceremonia pero que no incluyan la ablación; potencian la concesión de microcréditos a las mujeres encargadas de realizar la mutilación para que redirijan su actividad hacia otros sectores… y sobre todo: educan a mujeres y conciencian a los hombres sobre lo nefasto de la práctica para la mujer y por ende: para el desarrollo de toda la comunidad.

El proceso para cambiar las tradiciones es largo, pero ello no hace sino justificar la necesidad de un trabajo conjunto multisectorial, dirigido a la totalidad de la comunidad, para poner fin a una práctica que mantiene la desigualdad entre sexos.

Estos últimos sucesos de la realidad ucraniana son sólo un reflejo de la situación política que vive la antigua república soviética. Ucrania ha visto cómo su economía se veía seriamente afectada por la crisis económica global, al caer su Producto Interior Bruto aproximadamente un 15%, disminuir su producción industrial un 26,4% y aumentar, de esta manera, su dependencia económica del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la de Unión Europea (UE). Las reformas sociales, económicas y políticas no están derivando en grandes mejoras: las cifras oficiales de desempleo son de un 4%; aunque fuentes oficiosas estiman que la tasa puede variar entre un 12 y un 20%. Esta situación ha aumentado un malestar social ya presente entre la población y al que se ha sumado la corrupción y los grandes monopolios, que debilitan la frágil democracia ucraniana. En este sentido, Ucrania ha vivido en los últimos años cambios internos importantes que reflejan esta fragilidad y ponen a prueba el calado de la democracia en la ex república soviética..

Los retos políticos están sobre la mesa del próximo presidente, pero ¿será capaz de afrontarlos? La  candidata del BYT (Bloque Yulia Tymoshenko), la primera ministra Yulia Tymoshenko, fue la principal aliada de Viktor Yushchenko durante la Revolución Naranja en 2004, que inundó el país de protestas sociales. Por otro lado, el líder del Partido de las Regiones, Viktor Yanukovych, fue el sucesor del ex presidente Kuchma y se enfrentó en las urnas a Viktor Yushchenko en los comicios de 2004. Ambas figuras políticas tienen experiencia en el Ejecutivo del país, sin embargo, ninguno de los dos parece tener una firme propuesta de cambio que convierta a Ucrania en una fuerte democracia.

Luchar contra la corrupción, salir de la crisis económica y aumentar el gasto social son los puntos que Yanukovych tenía presente en sus programa electoral. De cara al exterior, el político ucraniano, aunque manifiestamente pro-ruso, también es partidario de una futura entrada de Ucrania en la Unión Europea. Sin embargo, las buenas relaciones conseguidas hasta ahora tendrán que verse complementadas con el cumplimiento de las prioridades marcadas por la Agenda de Asociación UE-Ucrania para 2010. Entre estas medidas se encuentran: reforzar la estabilidad, la independencia y la efectividad de las instituciones garantizando la democracia y el cumplimiento de la legislación; cooperar con los organismos comunitarios para implementar el Plan Nacional de Acción Anti Corrupción; y desarrollar una mayor cooperación ante las amenazas a la seguridad común, como son la lucha contra el terrorismo,  el tráfico ilegal de armas y la no proliferación de armas de destrucción masiva.

Ante esta realidad, el próximo presidente ucraniano tendrá que esforzarse por lograr las modificaciones necesarias si quiere que bajo su mandato se produzca un mayor acercamiento hacia los Veintisiete, que conduzca a la integración de Ucrania dentro de la Unión Europea, cuyas negociaciones comenzaron en 1998 con el Acuerdo de Asociación y Cooperación (PCA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, cuando el próximo 25 de febrero, Viktor Yanukovych sea investido presidente del país tampoco podrá dejar en un segundo plano su relación con Rusia, con quien Ucrania mantiene una histórica relación y con quien comparte una raíz étnica y lingüística. El presidente electo siempre ha dejado patente su inclinación hacia Moscú, muestra de ello es que la primera visita oficial que realizará en su nuevo mandato será al país vecino, durante los diez primeros días de marzo.

Pero los problemas energéticos podrían sobrevenir a este nuevo gobierno ucraniano, algo que pondría en tela de juicio la gestión de Yanukovych y su relación con el Kremlin. La comunidad internacional recuerda la tensa disputa que mantuvo Ucrania con el gobierno ruso con motivo del suministro de gas en 2005 y que alcanzó su punto más álgido en el invierno de 2008/2009 cuando Gazprom, la gigantesca empresa energética rusa, interrumpió su suministro de gas a Ucrania durante meses por la deuda que la ex república soviética tenía con la compañía. Esta medida derivó en la suspensión del suministro en algunos países europeos, algo que perjudicó no sólo a Rusia sino a todas las partes implicadas.

Esta dependencia energética obligará al próximo gobierno ucraniano a tener presentes sus relaciones con el Kremlin y no descuidar a un aliado político importante, si no quiere afrontar un nuevo conflicto energético en su peor momento económico.

Por otro lado, se encuentra la tentación de la OTAN. Yanukovych ya demostró en 2006, durante su primer mandato, su interés por esta organización al querer sumarse al Plan de Acción para la Adhesión. En años posteriores, con otros gobiernos, la colaboración con la OTAN se ha ampliado con el envío de personal médico ucraniano para el Equipo Provincial de Reconstrucción de Afganistán (2007) o la firma de la Declaración Complementaria a la Carta de Asociación Particular entre OTAN y Ucrania. Si los avances en esta dirección continúan es probable que el que fuera la segunda república soviética más importante durante los tiempos de la URSS, se convierte en un miembro más de la Alianza atlántica.

Ucrania debe no sólo afrontar importantes cambios internos sino que también tiene que estar suficientemente preparada para que la renovación interna acabe por abrirle las puertas en el ámbito exterior. Sin embargo, esto no será posible sin una clase política concienciada y realmente comprometida con el futuro de su país, algo que parecen no haber alcanzado ni Yanukovych ni Tymoshenko, en los períodos en los que ostentaron el poder.

Indicio de lo que se veía venir, hacia finales de la década de los ochenta, se cierra la M-30 en Madrid y poco antes aparece en el mercado el Chóped. El fenómeno era global, en los noventa la hamburguesa conquista Moscú y otras efemérides anuncian el inicio de una nueva época. La hipermoderna situación Chóped, llega a España. Aunque aún quedan zonas donde ese cambio alimentario, indicio de una nueva forma de vida a crédito defensora a ultranza del todo para todos a toda costa, no ha llegado aún.

La M-30 es la primera carretera de circunvalación periférica alrededor de la almendra central de la ciudad de Madrid. Marco del nuevo destino capitalino de ciudad orientada a los coches. ¿Como podrían acceder todas las personas a su coche? Muy sencillo: alimentándose de Chopped. La energía tiene un coste. La M-30 hoy es la vía más transitada de la capital española. Rebautizada como calle 30, desbancó así a la centenaria Gran Vía. Tampoco ella llegará a los cien años como se entiende ahora: rivera de CO2 y rugir de motores continuo.

Una vez conscientes de la situación y de la identificación de sus responsables: todos,  queda vislumbrar por dónde va a fluir el devenir de este mundo globalizado, ahora en crisis. Cualquiera con sentido común y mirando su propia situación económica de quiebra técnica familiar alimentada por el consumo compulsivo de estos último años podría haber intuido este ajuste financiero mundial. ¿Nadie se preguntó por ello? Sí. Estaban concienciados, pero debido al contagio social ¿si lo hace mi vecino por qué yo no?, el mundo se endeudó por encima de sus posibilidades con consecuencias sobre el medio ambiente, tal vez el aspecto con mayor sensibilización social; y sobre el trabajo, con su enajenamiento y falta de motivación, exceso de estrés y corrosión del carácter (R. Sennett, The Corrosion of Character: The personal consequences of work in the new capitalism: 1998). Las consecuencias también afectaron a la alimentación. De la misma forma que la ludopatía llevó al Conde Sandwich a inventar dicho alimento, que le permitiera mantenerse en la partida en juego; la comida basura posibilita esta filia de carácter patológico y generalizada por la oniomanía.

Azotados por la situación Chóped los países desarrollados no tienen clara su nueva función como deudores frente a los prestamistas países emergentes. Éstos han sido precisamente tablas de flotación y del naufragio durante los últimos treinta años. Desde que China fijó el yuan a un tipo de cambio bajo, la producción de las fábricas de Occidente se desplazó al interior de sus murallas y con ellas la tecnología. Lo que unido a una mano de obra barata generó situaciones de ventaja competitiva que han dado el vuelco a las finanzas mundiales. Los emergentes eran origen de materias primas pero ya no eran las colonias dependientes sino mercados poco desarrollados donde exportar los productos elaborados hasta que las nuevas potencias exportadoras los desplazaron. Japón resultó ser el primer damnificado con veinte años de antelación. El  “Produzco barato y genero ahorro (países emergentes) vs Compro a crédito mientras envejezco (países desarrollados)” daba lugar al presente.

Ahora los emergentes ya no fían, dedican sus ahorros a invertir en sus propios países, excitando la demanda interna y dejando a su merced a los países desarrollados, endeudados y empobrecidos. No es que la demanda mundial de los productos chinos se esté reduciendo. Es que China está reduciendo la oferta de estas baratijas. Cada vez que comprábamos esos productos, empobrecíamos nuestra comunidad, perpetuando el trabajo en condiciones más desfavorables para los trabajadores. Tras años de mantener sus monedas en valores inferiores a los reales posibilitando la ventaja exportadora, ahora toca revaluarlas. Cuando sus monedas tomen valor les será más sencillo comprar en el deprimido mercado de los países desarrollados lo poco bueno que produzcan. El invierno tarde o temprano llega. Resultado: inactividad.

La M-30 marca la frontera del paro que crece con una fuerza arrolladora en la periferia. Aunque nuestra comunidad pueda permitirse subvencionar personas ociosas ¿no tendríamos que calcular el coste social de ese ocio forzado? Funemployment, parados que a cambio de un subsidio de supervivencia dedican sus días a viajar y disfrutar de la vida, como  la cigarra. La periferia creció exageradamente al ritmo del mercado generando un exceso de oferta de trabajadores para una ciudad artificialmente próspera y convulsa. Inquieta pensar que no se vislumbra una nueva actividad que recoja a toda esa fuerza del trabajo en paro y le dé empleo para poder seguir manteniendo una existencia próspera. ¿Habrá llegado la sociedad del ocio? Tan solo si los países emergentes adoptan políticas de solidaridad mundial, de ayuda al anciano y decadente occidental.

¿Cuál podría ser el freno a la situación Chóped?

Esta situación vería su fin con un cambio real de comportamiento, que tome en consideración todos los actos de consumo y consecuencias. Si no tiene suficiente empuje el efecto corrector del ajuste económico, el rechazo a lo arcaico posibilitaría esta anunciada nueva etapa. Unos pocos países emergentes y las nuevas generaciones, a través de la propia dialéctica intergeneracional de confrontación y rechazo a estos patrones de comportamiento irracional de sus progenitores que dejan un planeta agredido y una sociedad decadente. Sin olvidarnos del catalizador que supondría la libre disposición energética. Una nueva revolución emocional transformaría esta realidad apoyándose en la consideración hacia uno mismo consumiendo solamente productos que aporten valor. Bienes dignos; “en esas tiendecillas de la plaza del Pan cada uno de los objetos expuestos eran aún cosa única, y por eso preciosa, trabajada con cariño, a veces en la trastienda misma, conforme a la tradición transmitida de generación en generación, del maestro al aprendiz, y expresaba o pretendía expresar de modo ingenuo algo singular o delicado”, en palabras de Luis Cernuda. Estamos ante la consideración por el otro.

¿Puedo endeudarme hasta el infinito sin capacidad para devolver la deuda? Cuando la confianza se quiebra surge el conflicto, tan humano como la guerra. Ahora, ante la consideración del compromiso.

José Manuel Angioletti Calvo es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

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