Muchos ven al triunfador en las presidenciales como un producto natural cercano del pinochetismo. Su condición de adinerado hombre de negocios lo convirtió en blanco fácil de todo tipo de chanzas y cuchufletas. Pero la coalición representada por el ex presidente Frei no terminó de asimilar que las posibilidades que tenía Piñera de salir victorioso eran muy reales. La Concertación sobreestimó el tirón de Michelle Bachelet -quien abandonó el palacio presidencial con un índice de apoyo a su gestión del ochenta por ciento- y el presunto miedo de los chilenos a un retorno de la derecha a la moneda. Por eso se les vino encima la fortaleza democrática e institucional que, en buena parte,  ellos mismos han construido.

Tal vez, sectores importantes de la población  percibieron que ciertas iniciativas del gobierno Bachelet cargaban contra la línea de flotación del consenso social y económico. Ya hace muchos años que la sociedad chilena es lo suficientemente madura para darse cuenta de que las reformas económicas liberales no trajeron un país más injusto y eempobrecido, sino todo lo contrario. El modelo económico vigente proviene de la época oscura, del mandato de los generales. Las principales fuerzas políticas del país lo aceptaron y lo heredaron sin dramatizar, lo que ha permitido a Chile transformarse en el país más habitable, desarrollado y estable del continente. Podemos decir que la Concertación es también heredera de los “Chicago Boys”, a quienes se detesta en los sectores más a la izquierda del bloque que ocupa ahora los bancos de la oposición.

Y aparece aquí otro aspecto que va a condicionar el futuro del centroizquierda chileno, sus tensiones internas. El prestigioso diario El Mercurio reunió en sus salones a las cabezas pensantes de la concertación. Dolidos aún por el inesperado traspiés de la segunda vuelta, que se celebró a poco de comenzar el año, lanzaron severos reproches a la cúpula política que había dirigido el país en los últimos lustros. Los acusaron de dar de lado a los partidos, que sólo eran llamados a la Moneda para figurar, no para escuchar sus propuestas. Dice Gómez, el dirigente izquierdista derrotado por el empuje de Eduardo Frei en la búsqueda de un candidato a ocupar la Moneda. Todos los partidos coinciden en señalar que se actuó de espaldas a los ciudadanos, de gobernar como meros tecnócratas, achicándose las diferencias con la coalición rival. El momento es sin duda decisivo en el futuro próximo de los partidos que protagonizaron la vuelta a la democracia con su entrada en el gobierno en 1990.

Una situación probable para los próximos años es un contexto de normalidad institucional, en el que la Alianza pueda gobernar sin conflictos sociales  relacionados con su posición política; con el mantenimiento del modelo económico que podría incluso ser ampliado o mejorado. Aquí, la Concertación corre el riesgo de repetir turno en la oposición, si se logran mantener los apoyos a la gestión que preparó el equipo de los mil, formado por Sebastián Piñera meses antes de resultar elegido.

En este punto, es fácil que los nuevos líderes de la concertación decidan avivar un discurso más agresivo, en el que la población se vea forzada a tomar partido, reproduciéndose tensiones sociales ya superadas por los chilenos. Un punto central de esa estrategia sería el ataque a los pilares del marco económico en el que Chile ha prosperado, al que no están dispuestos a renunciar, ni los aliancistas de Piñera ni una parte importante de los chilenos. En estas circunstancias, el riesgo para la concertación es doble. Por un lado, la posibilidad de una mayor división interna, que afecte negativamente, tanto a la cohesión de los partidos coaligados como a la cercanía de las bases respecto a las consignas de sus representantes.

De momento, las cuatro formaciones que se agrupan en la Concertación parecen estar razonablemente satisfechas con  la forma en la que se ha encajado la derrota, y tratan de difundir una sensación de normalidad a sus votantes. Sería una irresponsabilidad intentar poner a prueba la solidez de las instituciones chilenas o la madurez de su democracia con situaciones límite forzadas por los políticos. Desde luego, la izquierda chilena y los aliancistas tienen, en sus correligionarios españoles, claros ejemplos de lo que nunca se debe hacer en política, ni en el gobierno ni en la oposición.

Jorge Bolaños Martínez es Doctor en Economía y  miembro del Instituto Juan de Mariana.

El fenómeno del ‘sinhogarismo’ puede considerarse uno de los paradigmas de la exclusión social de nuestros días. Las personas sin hogar, son aquellas que, debido generalmente a una serie de experiencias traumáticas en un espacio relativamente corto de tiempo -pérdida del empleo, de residencia, de pareja, enfermedad, entre otros- llegan a una situación límite por la que, una vez fuera de su red social, sufren importantes trabas para volver a entrar.

Según datos de la  Encuesta sobre las personas sin hogar (EPSH 2005) realizada en 2005 por el Instituto Nacional de Estadística, en España viven 21.900 personas en esta situación. Atendiendo a los datos recabados por la Organización Acción en Red de Madrid, la cifra asciende a las 30.000 personas.  tres mil si nos referimos a Madrid. De ellas, más de seiscientas viven en las calles de la ciudad, es decir, por un motivo u otro no acceden a los recursos municipales dispuestos a tal uso. En Barcelona hay 1.798 personas sin hogar, según el estudio ‘Una investigación social y ciudadana sobre las personas sin techo, ¿Quién vive en la calle?’, realizado en 2008 por la Obra Social Caixa Catalunya. En el mismo año, según el Equipo Interinstitucional de Trabajo con las Personas sin Hogar de Valencia, 1.118 personas fueron atendidas por las entidades que conforman dicho equipo. La Coordinadora de Centros y Servicios para Personas sin Hogar en la ciudad de Zaragoza, informa de que en 2009, vivían 400 personas sin hogar en dicha ciudad, 130 de las cuales lo hacían en cajeros, marquesinas o en la calle.

Como podemos observar, éste es un fenómeno que no se centra en una zona determinada del país. Afecta a todas las ciudades españolas, en mayor o menor grado,  especialmente a las que tienen una mayor población. Las siscientas personas en Madrid o cuatrocientas en Zaragoza que no acceden a los plazas de los albergues municipales para personas sin hogar, son las que sufren de forma más directa este revelador afán de hacer invisibles ciertas realidades que vienen a contradecir -y por ello a incomodar- a todos lo que piensan, o quieren pensar, que al fin se ha alcanzado de forma generalizada ese deseado status que nos viene supuestamente dado por el Estado del Bienestar.

El entender el Estado del Bienestar, no sólo como una situación a nivel estatal caracterizada por un reparto justo de la riqueza, el empleo y los servicios básicos como la salud y la educación, sino también como uno de los mayores logros de las sociedades europeas, nos crea la necesidad de habitar en un entorno que no contradiga estas creencias. Sin embargo, como hemos visto, las cifras nos recuerdan que el reto no está totalmente conseguido. Y las cifras pueden pasar desapercibidas para la mayoría, pero no las personas que queramos o no, nos encontramos en nuestras calles.

En el Blog ‘Indigencia. Historias reales de la vida diaria de los indigentes en Madrid’ (19 de enero de 2007), en referencia al lema promocional del Ayuntamiento de Madrid, ‘Madrid limpio, es capital’ leíamos la siguiente afirmación: “poco a poco el Ayuntamiento está consiguiendo desplazar fuera del centro de la ciudad esa basura humana que tanto ensucia y afea el paisaje urbano’.  Más claro, imposible. El centro urbano, ejerce a menudo como insignia del resto de la ciudad, y es donde más se vuelcan, en general, los esfuerzos por conseguir ‘limpieza’ y una buena imagen. Sin embargo, según los datos extraídos tras el IV Recuento nocturno de personas sin hogar realizado el 24 de febrero de 2010, organizado por el Foro Técnico sobre Personas sin Hogar de Madrid, de las 596 personas en esta situación identificadas por los voluntarios que realizaron el recuento, 112 se encontraban en el Distrito Centro, es decir, un 21,1% del total. En la misma línea, y según el estudio ‘Una investigación social y ciudadana sobre las personas sin techo, ¿Quién vive en la calle?’, 168, es decir el 26,5% de las personas sin hogar de Barcelona, vive en el Distrito Eixample, situado en el centro de la ciudad. El 23,8%, 151 personas, lo hace en el Distrito de Ciutat Vella, el centro histórico de Barcelona. Llegados a este punto, nos topamos con lo que se ha dado en llamar gentrificación (del término inglés gentry, aburguesamiento).

Aplicado al fenómeno que ahora nos ocupa, vemos que el término gentrificación se refiere a los diversos cambios  o mejora sustancial de la imagen de las ciudades–con la correspondiente revalorización de suelo y edificios- sufridos por algunas zonas, especialmente las situadas en el casco histórico de las ciudades, en las que han pasado a instalarse habitantes de clase media-alta, en sustitución de los que anteriormente vivían en ellas.  Uno de los pasos para llegar al final de este proceso, es desde luego la expulsión de las personas sin hogar de dichas zonas. Y así, acompañando a otro tipo de políticas, aparece la sutil y efectiva remodelación del mobiliario urbano.

A la práctica, esta necesidad de limpieza, de renovación, de reestructuración de los centros urbanos, se traduce en modernos diseños de bancos, suelos, paradas de autobús, que inevitablemente inducen a ciertos comportamientos en los habitantes de la zona. Las plazas y calles tienden a transformarse en lugares poco acogedores, excesivamente diáfanos. Se evitan los recovecos, las sombras, cualquier zona que por su diseño, pueda inducir a alguien a permanecer oculto, a quedarse.

Llama la atención el rediseño de los asientos. Además de disminuir en número, lo que no favorece que las personas disfruten de la calle como lugar en el que pasar ciertos momentos de ocio, han cambiado de aspecto. Antes los bancos de las calles casi te obligaban a compartir asiento, actualmente, se colocan apoyabrazos metálicos que subdividen el espacio en dos partes o incluso se instalan asientos individuales.

Para alguien que pasea, puede no significar gran cosa. Para una persona sin hogar, significa un sitio menos donde dormir. Lo mismo ocurre con las sombras de los parques en verano, que tienden a desaparecer, así como el material con el que suele pavimentarse el suelo. En lugar de mantener las zonas verdes, se tiende a priorizar el uso del cemento, que hace del lugar una zona fría en invierno y excesivamente calurosa en verano.

A pesar de las sutilezas, una de las pretensiones de estas remodelaciones cada más habituales sobre todo en las grandes urbes, es tratar de alejar a las personas que viven en la calle, de las zonas más representativas y concurridas de la ciudad. En este sentido, deberíamos preguntarnos qué falla en este modelo de sociedad, que no sólo permite que existan grietas en el tan valorado Estado del Bienestar, sino que cierra los ojos a estos puntos oscuros del sistema.

En 2005, se produjo en Mauritania un golpe de Estado militar con el fin de derrocar el gobierno de Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya, al que se acusaba de no garantizar una alternancia política pacífica y de tolerar las violaciones de derechos humanos. El nuevo Ejecutivo llevó a cabo una transición democrática que se prolongaría durante dos años, pero el descontento por dicha transformación política acabó dando lugar a un nuevo golpe militar en 2008. El autoproclamado gobernante, Mohammed Ould Abdel Aziz, promovió unas nuevas elecciones, siendo elegido presidente en julio de 2009. Con este nuevo escenario, la situación interna continúa, no obstante, atravesando ciertas turbulencias. El estudio sobre Desarrollo Democrático elaborado por The Economist en 2008 sitúa a Mauritania en su puesto 118 (de los 167 Estados contemplados), mientras que el Índice de Percepción de la Corrupción de 2009 (de la ONG Transparencia Internacional) establece al país en su posición 130, considerando sus niveles de corrupción interna muy elevados. Así las cosas, las circunstancias que atraviese la libertad de prensa -una de las piedras angulares de todo gobierno plural- resultan de vital importancia para ponderar la democratización del país.

La liberalización de la prensa hizo aparición en este Estado africano en 1991, siendo citada en la Constitución de ese mismo año y regulada por una ordenanza del entonces gobierno militar. Pero la libertad de prensa estaba en aquel momento, según dicha legislación, sujeta a diversas restricciones que hacían cuestionarse su verdadera existencia. La Ordenanza del 25 de julio de 1991 establecía que el Derecho a la Información de los mauritanos se vería condicionado por “el comportamiento responsable y digno de todos sus protagonistas” y el “respeto a los principios del Islam y a los valores culturales nacionales”. Según este texto, toda publicación precisaría de una autorización previa para ver la luz, extendida tras pasar su director una “encuesta de moralidad” a cargo de las autoridades. De los 83 artículos que conformaban esta primera ley de la prensa, más de dos tercios estaban dedicados a citar los delitos y sanciones de que podrían ser objeto los periodistas o responsables del medio en caso de incurrir en lo que consideraban un abuso de su libertad.En otras palabras, podría decirse que la legislación, más que liberalizar la prensa, establecía las claves de su censura.

En los años posteriores a la aparición de este texto legal, se registraron decenas de casos de secuestros y cierres de publicaciones y las detenciones y encarcelamientos de periodistas eran prácticas corrientes, como señala la ONG Article XIX en su Informe sobre la Libertad de Expresión en Mauritania del año 2007.

Con la transición democrática promovida tras el golpe de 2005, comenzaron a darse los primeros pasos hacia la verdadera consecución de las libertades. La Constitución fue modificada en 2006 y sometida a referéndum, convirtiéndose en un documento que buscaba garantizar los derechos fundamentales establecidos en la Declaración Universal de Naciones Unidas. El artículo 10 de la nueva Carta Magna establece la libertad de expresión y pensamiento, especificando que ésta “no puede ser limitada por la ley”. También con este paso a la democracia se derogó la ordenanza de 1991, entrando en vigor una nueva ley (notablemente más liberal), que terminó con los delitos de prensa anteriormente tipificados y aseguró la ayuda del gobierno a la creación de un espacio mediático público. Pese al importante avance que esto suponía, continuaba haciéndose patente una cierta tolerancia a la censura, al contemplarse, por ejemplo, la posibilidad de imponer graves multas o prohibiciones a publicaciones extranjeras susceptibles de atentar contra los principios del Islam, el orden y seguridad públicos o el crédito del Estado. De igual modo, el artículo 70 de esta ordenanza de 2006 otorgaba a autoridades nacionales y regionales la opción de secuestrar publicaciones en base a esos mismos términos.

Ya bajo el mandato del actual presidente, la legislación al respecto ha experimentado recientes modificaciones, quedando, sin embargo, en el aire las mismas cuestiones. La ordenanza de 2008 deja una vez más la puerta abierta a la censura por parte de la Alta Autoridad de la Prensa y el sector Audiovisual (creada con la ordenanza de 2006). Así, la publicación o emisión de cualquier medio  está aún hoy sujeta al beneplácito de terceros, en función de su respeto a cuestiones como la religión del país, el orden y la seguridad o la unidad nacional.

Si bien es cierto que parece estarse trazando el camino correcto hacia una total democracia en este sentido –como muestran los esfuerzos del gobierno por apoyar el surgimiento de periódicos, radios y televisiones bajo el abrigo de la financiación del Estado-, continúan siendo frecuentes las denuncias de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras acerca de secuestros de publicaciones, arrestos de periodistas o cierres de páginas Web.

Desde la primera regulación de la materia en 1991, no puede negarse el avance en la palestra mediática de Mauritania, que -aunque con pasos tímidos- cada vez habla más alto y más claro. Así pues, los medios mauritanos proliferan poco a poco en una pugna por salir a flote y narrar la realidad sin tapujos, pese a no encontrarse todavía hoy completamente exentos de peligro. En este contexto tan particular, y con los últimos cambios que atraviesa el país, sólo el tiempo dirá si los esfuerzos institucionales siguen adelante con el suficiente impulso para lograr una libertad sin restricciones.

Los orígenes de todo ello se remontan a lo que se conoce históricamente como la Revolución verde, esto es: el período entre los años sesenta y setenta donde la FAO impulsó un plan de desarrollo agrario a nivel mundial (World Plan for Agricultural Developmet), justificado por un aumento poblacional y la lucha contra el hambre. El plan consistía básicamente en el impulso de semillas de variedades de alto rendimiento y técnicas agrícolas de alta productividad, lo que permitía conseguir hasta tres cosechas en una misma campaña agrícola.

Pero este modelo de desarrollo tiene unos graves inconvenientes que no se evaluaron en su momento y del que estamos sufriendo las consecuencias. Para conseguir esta alta productividad se necesitan ingentes cantidades de fertilizantes,  que contaminan el suelo y las aguas, ya que se agotan los nutrientes del suelo.  La exigencia de pesticidas, la mayoría caracterizados por una larga permanencia en los agroecosistemas y de los que no se conocen las consecuencias de exposición a pequeñas dosis durante largos periodos de tiempo en la salud humana. Por la implantación de sistemas de riego y mecanización  de los cultivos, con alto consumo de recursos, muchas veces en lugares donde es inviable a medio y largo plazo, por ejemplo, hemos podido presenciar el florecimiento de auténticos vergeles literalmente en medio del desierto. La expansión de los monocultivos, dejando desaparecer las variedades de plantas autóctonas, destruyendo bosques y propiciando la aparición de plagas. Todo ello provoca la pérdida de suelo, agotando sus recursos y dejando expuesto a la erosión y consecuente aridificación. Así, los agricultores son cada vez más dependientes de las compañías de fertilizantes, pesticidas y productoras de semillas, ya que cabe mencionar que estas semillas no son válidas para una segunda cosecha ni un negocio redondo, antes bien han llevado al endeudamiento de muchos agricultores.

Y si no, reflexionemos: ¿Cómo es posible que una naranja procedente de china sea más “barata” que una producida en el país propio? La respuesta es simple: esta naranja ha sido producida para vender y no para comer. En China es legal la utilización, póngase por caso, de pesticidas que en otros países no son legales por causas sanitarias y medioambientales. Este producto hará que  la productividad aumente considerablemente a costa de la salud de las personas y del entorno donde se cultivan estas naranjas, por no hablar de los costes de mano de obra que además son muy reducidos, por la falta de derechos de los trabajadores. Resumiendo, esta naranja, fruto del modelo de agricultura actual, tiene un alto impacto en la salud humana (las condiciones de empleo de ciertos pesticidas y la permanencia en  los alimentos) y en la salud medioambiental y, particularmente, de los agroecosistemas (desde al uso de pesticidas, fertilizantes, explotación de acuíferos, compactación y salinización del suelo, los embalajes de presentación, la emisión de carbono para llegar de una punta a otra del planeta). A pesar de todos estos costes asociados, la naranja sigue siendo rentable a bajo precio y está dirigida a mercados que la pueden pagar sin grandes esfuerzos monetarios, no a mercados donde sería más necesaria.  Algo está fallando, la soberanía alimentaria no se hace patente.

En la actualidad siguen existiendo numerosas desigualdades  tanto de oportunidades de producción,  como de acceso a alimentos sanos y en cantidad suficiente entre países desarrollados y en vías de desarrollo y  diferencias dentro de los mismos países. Esto apunta a que el modelo de agricultura está fallando y se continúa por el camino de los avances tecnológicos, como la actual Revolución genética (uso de semillas de variedades modificadas genéticamente), de los que no se conocen las consecuencias en la salud humana y medioambiental, pero prevalecen bajo  la justificación de acabar con el hambre en el mundo y que tiene sospechoso trasfondo de negocio para grandes compañías multinacionales.

Los expertos manifiestan que para acabar con el hambre en el mundo, es necesario aumento en la producción de alimentos, pero de forma segura a largo plazo y que estos alimentos lleguen zonas vulnerables, no a mercados rentables donde  ya existen excedentes. Suponiendo todo ello una verdadera Revolución, pero no verde, ni genética, sino de cambios en las políticas socioeconómicas y de reparto equitativo de los recursos en el amplio sentido de la palabra.

Carmen María Escudero Martínez es Licenciada en Ciencias Ambientales y Postgrado en gestión integrada de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales.

Asimismo, no ha buscado polémicas innecesarias con Estados Unidos, aún cuando Bush era el inquilino de la Casa Blanca. Su apuesta por la energía nuclear con fines estrictamente pacíficos y civiles, no ha generado reacciones en contra por parte de la comunidad internacional, ni siquiera entre sus vecinos regionales.

Lula no ha practicado la demagogia ni el victimismo; tampoco ha mermado las libertades de sus compatriotas. Medidas como las adoptadas recientemente por el gobierno de Caracas (las guerrillas comunicacionales, con “disparos ideológicos”, Héctor Navarro dixit) no han formado parte del vocabulario ni de las decisiones del otrora líder sindical. Todo lo contrario, en el pasado más reciente, Lula condenó la retirada de la licencias (eufemismo empleado por el populismo chavista) a RCTV y Globovisión. La respuesta Nicolás Maduro (Ministro de Exteriores de Venezuela) fue la descalificación sin argumentos del brasileño, recurriendo al viejo tópico de que era un enviado del “imperialismo estadounidense”. Aún con ello, Lula no se amedrentó.

El resultado es que Brasil es un socio creíble en el panorama internacional. Así, su reciente acuerdo de defensa con Estados Unidos, al contrario que el suscrito por Colombia, no ha recibido exabruptos por parte del sector populista de la región liderado por Chávez, secundado por Correa, Chávez y Morales, y bendecido ideológicamente por Fidel Castro desde Cuba. Con éste último, Lula no ha caído en la actitud reverencial pero sí que ha mostrado una enorme condescendencia amparada en la defensa de los intereses comerciales brasileños. Las visitas a La Habana se han repetido durante su mandato.

Con certeza podemos afirmar que Lula tiene un proyecto propio con el que aspira a que su país sea un key player en el panorama internacional. Las Cumbres de la IBSA (Brasil, India y Sudáfrica) y de los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) han tenido la misma constante por parte de Brasil: defensa de la reforma de las instituciones internacionales, especialmente de Naciones Unidas, buscando que las economías emergentes tengan más peso, pues sólo así se podrán hacer frente a los retos de la globalización. Igualmente, ha buscado soluciones a conflictos que caracterizan el escenario internacional, por ejemplo, el árabe-israelí. Con todo ello podemos concluir que Lula, una vez puso en orden el escenario doméstico, ha concedido prioridad a las relaciones exteriores.

Esta aspiración es loable. El riesgo, sin embargo, es que ha utilizado las recientes reuniones aludidas para seguir mostrándose como el valedor de Irán en la comunidad internacional. Este fenómeno se ha repetido (peligrosamente) en los últimos tiempos sin formularse Lula una pregunta necesaria: ¿quiere, verdaderamente, Ahmadineyad dialogar con Occidente? El nombramiento de Vahidi como Ministro de Defensa dejó bien claras sus intenciones, además de provocar en septiembre pasado un encontronazo (dialéctico) con la Presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.

La tripleta Lula-Amorín (Ministro de Exteriores)-Jobim (Ministro de Defensa), apuesta por el diálogo con el régimen de Teherán con un énfasis que no encuentra paralelismo en la condena ni hacia el programa nuclear iraní (y sus trampas reiteradas a la comunidad internacional) ni hacia las habituales amenazas al Estado de Israel. Ninguna de estas acciones fueron criticadas con vehemencia por Lula, de haberlo hecho hubiera aumentado su prestigio internacional como estadista, pero optó justo por lo contrario. Tampoco se han percibido reproches a la represión de la oposición post 12 de junio, ni apoyo de ningún tipo a las propuestas de democratización del régimen que amplios sectores de la sociedad iraní demandan.

La inminente celebración de comicios en el país carioca hará que el protagonismo mediático de Lula aumente en apoyo a su candidata Dilma Rousseff que, recordemos, actualmente no lidera las encuestas, aunque va recortando paulatinamente la desventaja con respecto a José Serra. La duda es saber, ¿qué parte del discurso acentuará Lula? Lo único que queda claro es que ambos candidatos aceptan su legado aunque recalcan que tratarán de superarlo pues parten de la (ambiciosa) tesis de que Brasil “aún puede hacer más”.

Alfredo Alcázar es Investigador Agregado del Instituto de Estudios Riojanos.

Sin embargo, aunque la Comisión considere que la UE es el socio más importante de los países del sur Mediterráneo, el Parlamento Europeo (PE) y un gran número de observadores siempre han estimado que es poco realista la culminación de una zona de libre cambio en la cuenca mediterránea a corto plazo (1995-2010), tal y como lo recogió la primera conferencia al respecto, celebrada en Barcelona en noviembre de 1995. La razón resulta evidente: las claves del proceso son tan poco claras como limitadas a un comercio en el área, cuyos flujos, los que proceden del norte, asfixian a los que vienen del sur.

Según fuentes europeas, entre 1995 y 2009, las compras del Viejo Continente en la zona se han duplicado, mientras que las ventas con destino a la misma han aumentado casi un sesenta por ciento. Ese déficit no es más que la consecuencia de lo que el ejecutivo comunitario califica de error. El hecho de partir de la premisa de que el intercambio euromediterráneo se produce entre dos regiones de un mismo espacio que permanecen, todavía al día de hoy, separadas impide que el objetivo 2010 se convierta en un elemento esencial de una dinámica que permita a los países de la orilla sur anotar auténticas ventajas. Puesto que, desde los años setenta, estos Estados se vienen beneficiando de acuerdos de asociación, no sería descabellado incrementar la integración -que no la adhesión- mediante la eliminación gradual de la protección de los mercados agrícolas europeos, la asociación  económica horizontal frente a la integración radial Norte-Sur con la UE como eje central y la conversión de la deuda externa en un instrumento de convergencia que canalice los recursos hacia un desarrollo genuino.

Sin duda, la proyección de la UE en el Mediterráneo es débil. A pesar de que, desde el principio, ha suscitado muchas expectativas al impulsar un proceso de desarrollo económico y social sostenible en la zona para crear una región de paz y prosperidad compartidas, la Asociación Euromediterránea ocupa un lugar mínimo entre las políticas comunitarias que definen el contenido de las relaciones en la región, y que han quedado excluidas de la negociación como la Política Agrícola Común (PAC), cuya apertura de los mercados agrícolas europeos la dirime la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Pero es que los europeos de la época postbipolar están convencidos de que la democracia sólo viene de la mano del desarrollo económico que, a su vez se consigue por el libre juego de las fuerzas de mercado. Porque se da por hecho esa causalidad, esta nueva corriente de pensamiento, un tanto optimista, elude la existencia de investigaciones que contrastan la solidez del efecto funcionalista libre comercio con algo de ayuda para facilitar la transición- crecimiento económico-democracia. La propia hoja de ruta 2008, que supone un intento sincero de reformulación de la acción mediterránea de la UE más allá de 2010, no deja de establecer como objetivo básico el reforzamiento de las relaciones a través de acuerdos más profundos que abarquen nuevos ámbitos comerciales.

Dolores Rubio García es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid.

Comunicación, educación, televisión, radio, red, lengua, alfabetización, imagen, palabra… todos estos términos son femeninos. Probablemente resulte una coincidencia capciosa para algunos y quizás alguien tilde este comienzo de “demagogia lingüística”, pero en un mundo mediático y educativo con una visión eminentemente andrógena, es inevitable reflexionar sobre el papel que juega la mujer en esta sociedad del conocimiento de la cual la gran mayoría quedan excluidas, sin voz, por la persistencia de los roles de género que todavía hoy, en pleno siglo XXI, se siguen transmitiendo a través de los medios de comunicación y de la escuela, entre otros muchos agentes de socialización.

Más allá del sexo con el que se nace o se identifica cada persona, el género se construye mediante la educación, las creencias, las costumbres, los valores y el contexto político y económico que una determinada sociedad adopta. Por lo tanto, no se nace mujer u hombre, sino que se aprende a serlo y los medios de comunicación tienen una responsabilidad social formidable en ese aprendizaje y construcción de los roles que desempeñan los seres humanos a lo largo de su vida

Organizaciones pro derechos humanos han denunciado en reiteradas ocasiones los abusos que a diario sufren las niñas en todo el mundo. Muchas de ellas han acabado aceptando que las burlas, el acoso, las bromas y los gestos de naturaleza sexual explícita, así como los castigos exagerados e incluso las actividades sexuales no deseadas son el precio que tienen que pagar por su educación. Esas situaciones prácticamente nunca son objeto de interés para los grandes medios de comunicación. ¿Se invisibiliza conscientemente en los medios la discriminación por razón de sexo?

Aunque es una cuestión más que probada que la educación de las mujeres fomenta el desarrollo de los países, queda mucho camino por recorrer, sobre todo en cuanto a concienciación y sensibilización social. La pedagogía de género debe pasar de ser una cuestión meramente electoralista en la agenda de los gobiernos para convertirse en un eje transversal de sus políticas en todas las esferas del tejido social, donde evidentemente los medios de comunicación de masas juegan un papel fundamental.

Y en este punto educación y medios de comunicación se interconectan. El vocablo latino communicare significa “poner en común” y en ese compartir comunitario del saber del que forman parte tanto la comunicación como la educación deberíamos estar incluidos todos y todas, sin excepciones de clase social, raza, género ni de ninguna otra índole. El poder socializador de los medios de comunicación debe analizarse y abordarse de forma responsable teniendo en cuenta que forma parte de la educación e información que los niños reciben fuera de la escuela. Conocer la representación que hacen los medios de comunicación de mujeres y hombres y observar cuáles han sido los avances que se han producido en los últimos años permite exigir a los medios y a los profesionales de los mismos un tratamiento serio de la información a favor de la igualdad de género, que se corresponda con la realidad actual.

En el Informe Nacional de Monitoreo de los Medios se constata que las mujeres están presentes en la información en un porcentaje muy inferior a su presencia activa en la sociedad. Las menciones femeninas y su presencia en las noticias solamente alcanzan el 23% en los informativos televisivos, el 12% en los radiofónicos y el 22% en la prensa. 4 de cada 10 mujeres no aparecen descritas con ningún cargo u ocupación específica; las mujeres reclamadas como expertas son el 2% y las portavoces el 12%. Por otra parte, el colectivo femenino sigue personificando un rol detestable, el de las víctimas, en el que son identificadas el 28% de las mujeres, mientras que los hombres en esta misma situación son el 10%.

Esta invisibilidad es la prueba de que las mujeres siguen al margen de la dinámica de los medios de comunicación. Si esta es la imagen generalizada, el “conocimiento” divulgado, ¿qué tipo de educación en igualdad de género están ofreciendo los medios? ¿Existe una verdadera sensibilización hacia la perspectiva de género?

Hoy por hoy, los estudios globales en materia de comunicación y educación desde una perspectiva de género demuestran que continúa existiendo un modelo masculino y una invisibilidad de las mujeres en diversos aspectos que van desde quién ostenta los cargos directivos en las instituciones educativas y en periódicos, canales de televisión y emisoras de radio, hasta llegar, evidentemente, a los libros de texto que siguen obviando las contribuciones que las mujeres han hecho a la vida cultural, científica, histórica, artística, etc. Los valores implícitos forman parte del imaginario tradicionalmente masculino; no existe una preocupación real, ni recursos materiales ni humanos para la educación emocional-sexual, ni la reflexión sobre la violencia de género, que haga posible que los alumnos puedan desprenderse de los estereotipos y de las actitudes machistas. Por el contrario, se reproduce un anodino intento de incluir ciertos contenidos para sensibilizar al alumnado y al público en general sobre la equidad y la violencia de género, pero que no tratan los problemas en profundidad ni hacen partícipe a los niños y niñas de esa realidad de la que ellos más que nadie son agentes de cambio o transmisores de vetustas relaciones de desigualdad.

La reciente Ley de Igualdad española regula de manera clara la presencia de las mujeres en el ámbito político y en la empresa privada. La paradoja reside en que esta ley que expresa de forma detallada las pautas a seguir en cuanto a la forma de articular los órganos de gobierno en lo referente a género en las empresas privadas y los partidos políticos, consiente y tolera que los medios de comunicación y las instituciones educativas, cimientos fundamentales de la Democracia en un estado de derecho, sigan promoviendo situaciones discriminatorias.

Sin un empoderamiento real de la mujer en los medios de comunicación, resulta prácticamente imposible hablar de libre expresión. Los medios, al igual que la escuela, son productores de identidad por lo que la representación ofrecida para consumo de audiencias sigue contribuyendo en gran medida a un reforzamiento del sistema social existente. Por ello, existe una alarmante necesidad de creación y uso de imágenes heterogéneas, más reales y proporcionadas, de acuerdo con la contribución social de las mujeres y la determinación de las labores públicas y privadas que realmente éstas llevan a cabo. De esta necesidad se desprende que si los medios de comunicación no siguen el mismo ritmo vital que las mujeres, éstos ejercen una fuerza de freno respecto a la igualdad de género en la sociedad que perpetúa la visión patriarcal del mundo.

Sonia Herrera Sánchez es Licenciada en Comunicación Audiovisual, especialista en educación, periodismo y conflictos armados y género.

Acuciados por las circunstancias y carencias existentes, este empeño fue entendido muchas veces como la obligación de contar con más centros, más plazas, mejores profesionales; dar servicio, en suma. A treinta años vista, el resultado puede calificarse como un éxito en términos generales, aunque la distancia temporal haya desvelado también el tributo que hubo que pagar: en unos casos, el debilitamiento del movimiento asociativo en favor de criterios técnicos y, en otros, el desapego hacia cuestiones que no obtuvieran resultados inmediatos,  prácticos y tangibles.

Sólo desde esas necesidades cabe entender la renuencia con que las entidades sin ánimo de lucro, salvo contadas excepciones, han abordado hasta hace muy poco los temas relativos a su proyección, elemento capital en cualquier otro sector y sorprendentemente tangencial en nuestras asociaciones tanto para directivos y profesionales como para usuarios y  familias.

Razones las hubo y las sigue habiendo: algunas tan prosaicas como la falta de recursos económicos o de profesionales cualificados se han aliado durante largo tiempo con otras más difíciles de sustanciarse como los escrúpulos a la hora de incorporar criterios considerados más propios de la empresa; los miedos tradicionales para reivindicar mejoras; o la errónea, y contumaz, consideración de ver la proyección social más como un gasto que como una inversión.

Se ha perdido mucho tiempo, pero hay voluntad de cambio. Un nuevo contexto en el que la estabilidad de las asociaciones está prácticamente asegurada gracias a un mayor respaldo social e institucional, ha permitido dirigir la atención hacia otros asuntos que reclamaban atención sin conseguirlo; entre ellos, la comunicación, leáse también sensibilización y educación,  que cada vez presenta mayor rango hasta el punto de tenerse en cuenta en la redacción de los planes estratégicos de las organizaciones.

El giro es trascendente. En este nuevo ideario, la comunicación de las entidades  no se reduce a la transmisión de  noticias que se hacen públicas con mayor o menor intensidad, con periodicidad más o menos rigurosa para consumo interno. No se trata sólo de informar, sino también de formar, motivar y desarrollar la conciencia cívica de los ciudadanos con el fin de impulsar cambios en sus valores.

La comunicación, así entendida,  adquiere ahora una dimensión mucho más profunda, primero porque sale en busca del mundo exterior liberada del reducto asociativo donde estaba confinada; segundo, porque suma opinión a la información; y finalmente, porque la comunicación pone en valor la misión de nuestras entidades, preocupadas por la transformación de la sociedad y sus actitudes, una diferencia esencial respecto a las entidades privadas que pretenden ocupar nuestros espacios.

No hay duda, por lo tanto, respecto a los fines; tampoco con los destinatarios: junto a la sociedad, hablamos para la escuela, los medios de comunicación en tanto intermediarios y los representantes institucionales a los que debemos comunicar nuestra realidad para que articulen los mecanismos legislativos necesarios para el cambio.

En este intento, contamos con un aliado inexistente hace años y de un potencial inimaginable: las tecnologías de la información y la comunicación, que han democratizado los medios  y multiplicado nuestra capacidad de diálogo con los ciudadanos, constatando que vivimos en un mundo interdependiente del que somos corresponsables.

En nuestro caso, tenemos delante contenidos numerosos y complejos. El reto es formidable: los derechos de las personas; el cumplimiento de las leyes, la eliminación de barreras; la utilización del lenguaje; nuestro papel en el mundo, la familia, el acceso al empleo y la cultura, …. Antes, imaginábamos sueños; ahora  los podemos hacer realidad con tolerancia, respeto e igualdad. Depende de nosotros y de cómo entendemos la responsabilidad de nuestras asociaciones.

Roberto Sobrino San Martín es responsable de Proyección Social de Aspace-Rioja.

La historia de España nos habla de discriminación institucional desde 1499, cuando se promulga la Primera Pragmática antigitana, que obligaba a la comunidad a asentarse en un oficio conocido o a abandonar el territorio. Los diferentes reinados de los Austrias también fueron marcados por esta tónica, llegando incluso a prohibirles usar signos distintivos de su forma de vida o su lengua. También los Borbones llegan a hacinar a los gitanos y a limitar sus desplazamientos, incluso a promover su trabajo forzoso.

La situación jurídica de los gitanos, el reconocimiento de su existencia legal, se registra en la Constitución de 1812, no obstante siguen teniendo identificaciones particulares y de sus propiedades hasta principios del siglo XX. Continúan, en el régimen de Franco, los gitanos siendo objeto de graves discriminaciones y, en la actualidad, pese a reconocimientos constitucionales, siguen siendo uno de los colectivos peor valorados socialmente, según el último barómetro del Centro español de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En España viven actualmente más 660.000 gitanos según datos de la Fundación Secretariado Gitano, lo que supone un 1,5% del total de la población española. Ello evidencia una minoría cuya realidad ha de importar a los ciudadanos y a la política española, puesto que convivimos en un número tal que discriminar a uno solo de ellos sería estar discriminando a un colectivo que supera en número a algunas Comunidades Autónomas españolas.

El Informa ‘Discriminación y comunidad gitana 2009′ revela que los campos en los que con mayor frecuencia los gitanos sufren discriminación son, por orden descendente de número de casos de discriminación denunciados: el tratamiento de la etnia en los medios de comunicación (un 30% de las denuncias son de esta índole), el empleo (25%), el acceso a bienes y servicios (11%) y el acceso a la vivienda (10%). Por contra, apenas se perciben denuncias relativas a actos discriminatorios en materia de acceso a la salud, de atención policial o en la administración pública.

Lo cierto es que la sociedad española asume que queda mucho camino por andar en materia de integración. Los que no pertenecen a esa etnia, por lo general, han asumido una idea estereotipada del gitano como trilero, que puede engañarnos, estafador, incluso violento que no tiene porqué estar relacionada con la realidad.

No se trata de que, por el hecho de ser gitano, se delinca más, sino de que hemos creado una imagen a partir de una minoría que ha cometido delitos, claro que también deberíamos tener en cuenta que muchos no gitanos delinquen y no por ello creemos ser todos iguales. Las soluciones de integración pasan, casi en todos los casos en mirarse a uno mismo antes de juzgar a los demás, y si hacemos esto observamos que nuestro propio diccionario de la RAE define gitano como “que estafa u obra con engaño” en su acepción número 4, usándose como adjetivo coloquial. Observando esto podemos descubrir el arraigo de esta discriminación, presente en la propia lengua española.

En este mes de abril se ha celebrado la II Cumbre Europea sobre los gitanos, y España ha sido la encargada de acogerla en Córdoba. La federación de asociaciones de gitanos Unión Romaní ha hecho públicas las conclusiones a las que se ha llegado en forma de una serie de postulados referentes a la realidad del pueblo gitano que el Parlamento Europeo, representado en esta cumbre, ha ratificado. En esta Cumbre se ha reconocido la grave situación que atraviesan los gitanos europeos: víctimas de una discriminación sistemática, así como sometidos a la pobreza extrema y a la exclusión social en muchos casos.

Las reivindicaciones más destacables de las organizaciones gitanas a nivel europeo pasan por la consecución de tres puntos clave, según la Fundación Secretariado Gitano, que forma parte de la coalición: responsabilidad de las autoridades nacionales en su deber de proteger a la población gitana de la discriminación; la consecución del acceso igualitario a la educación, sanidad y vivienda para la población gitana; y el apoyo y capacitación de los integrantes de este colectivo a través de la participación en la vida cívica y económica del país.

En esta misma línea, nace en marzo de  2008 la Coalición Europea de Política Gitana, como conglomerado de ONG europeas con el objetivo común de provocar en la Unión una respuesta ante la discriminación y desigualdad que sufre la población gitana en toda la comunidad Europea y que es reconocida desde su instancias: el informe EU-MIDIS de abril de 2009 revela a la comunidad gitana como la comunidad más vulnerable dentro del conjunto de Europa a sufrir situaciones discriminatorias.

Esta coalición europea es, precisamente, uno de los muchos ejemplos del importante desarrollo con el que en la actualidad cuenta el tejido asociativo de la comunidad gitana en Europa. Esto es un signo inequívoco de sus ganas de conseguir la integración y la convivencia plenas, de hallar un equilibrio entre las diferencias culturales que conviven en cada país, y en cada comunidad dentro de los países, en definitiva, de dejar de ser juzgados para pasar a ser valorados.

El paludismo es causado por parásitos del género Plasmodium que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos infectados. Esta posibilidad de transmisión es mayor en las regiones denominadas ‘endémicas’ que reúnen una serie de factores como las precipitaciones, la proximidad de los lugares de cría a las personas y las especies de mosquitos presentes en la zona.

Muchas zonas de África, por su clima y ecología, son parte de estas regiones ‘endémicas’. A los aspectos naturales propios de cada uno de estos países africanos hay que añadir la falta de desarrollo que hace que la canalización de aguas sea prácticamente inexistente y que la prevención y el tratamiento de la enfermedad no puedan abarcar a toda la población.

Según la OMS, alrededor de 3,3 mil millones de personas, la mitad de la población mundial, está en riesgo de contraer malaria. Cada año, esta situación conduce a casi 250 millones de casos de paludismo y 800.000 muertes en todo el planeta. África es el escenario donde se producen la mayoría de estos casos, el 86% de las infecciones que se dan al año. Además, la enfermedad es especialmente cruenta con dos de los colectivos más vulnerables: las mujeres embarazadas y los niños.

En África, la malaria lleva a  la muerte de alrededor de 10.000 mujeres embarazadas y hasta 200.000 niños anualmente. Es decir, el paludismo es la causa de una de cada cinco muertes infantiles en África. Se calcula que un niño africano tiene en promedio de 1,6 a 5,4 episodios de fiebre palúdica por año y que cada 30 segundos muere un menor a causa de la malaria en  este continente.

Esta sangría que provoca la enfermedad parasitaria que nos ocupa en los países africanos es también una seria barrera para el desarrollo de los mismos. La economía de estos Estados es incapaz de salir a flote cuando gran parte de su capital humano de producción, los miles de hombres y mujeres afectados por la malaria, muere sin ningún remedio. Según la Alianza Europea contra la Malaria, cada año la lucha contra esta enfermedad cuesta a África 12 billones de dólares del Producto Nacional Bruto (PNB).  Este gasto ha frenado el crecimiento económico del continente en un 1,3% anual.

Esta institución también señala otros efectos indirectos que la malaria produce en la economía de los países africanos.  Además de la reducción de la productividad laboral, anteriormente mencionada, con un incremento de las bajas por enfermedad, absentismo y mortalidad prematura de la mano de obra; estos países denominados ‘endémicos’ ven como terceros Estados optan por no invertir en su industria, comercio exterior y turismo.

También la malaria causa importantes pérdidas en las economías familiares y en la comunidad local, pues las zonas agrícolas, al no tener mano de obra suficiente, no son cultivadas para obtener la máxima productividad y, por otro lado, las familias tienen que hacerse cargo del importante coste económico que suponen los tratamientos y los sistemas de prevención.

La malaria es también la mayor causa del absentismo escolar y se estima que reduce la capacidad de aprendizaje del 35% al 60% en los niños que acuden a los colegios. Las personas pobres son las más afectadas pues tienen menos acceso a los servicios de salud, a la información y a las medidas de prevención y tratamiento.

Ante esta situación, parece que África estuviera sumida en una espiral: la economía de los Estados africanos no prospera porque su mano de obra, base del sistema productivo, está enferma. Pero luchar contra la malaria es imposible si no existe una economía fuerte capaz de dar cabida a los tratamientos y reformas necesarias para prevenir el contagio del paludismo entre su población.

El pesimismo al que puede conducir esta situación no debe cegar ante posibles soluciones: la ayuda internacional para luchar contra la malaria es fundamental para que los Estados africanos consigan tener los sistemas de prevención y tratamiento necesarios con los que asegurar la salud de su población. Así, los ciudadanos africanos sanos serán los encargados de hacer frente a la siguiente batalla: la lucha contra la pobreza y por el desarrollo en África.