La crisis económica y financiera internacional iniciada en 2008 supuso un impacto directo aunque no inmediato en los movimientos humanos internacionales, particularmente aquellos dirigidos hacia y en los países más avanzados. En España, en concreto, no se trató de un cambio repentino de tendencia migratoria, antes bien el comienzo de un proceso de transformación demográfica lento cuyas consecuencias aún son difíciles de determinar con precisión.
Entre el punto de inicio de recesión de la economía (primer trimestre de 2008) y la repercusión real en las comunidades migradas (segunda mitad de 2008 y primer semestre de 2009) ha habido un período de ajuste socio-laboral, de características similares en las grandes potencias económicas europeas y americanas. Los nuevos puestos de trabajo en el sector servicios compensaron –en los primeros meses- las pérdidas inminentes de empleo en la construcción, primer sector afectado agudamente por la crisis.
Precisamente por la división sexual trabajo, han sido los trabajadores inmigrantes activos y ocupados mayoritariamente en la construcción los más castigados por la situación de los mercados; antes que las mujeres inmigrantes, que concentran su actividad laboral en el sector servicios (restauración, limpieza, empleadas del hogar…) Por supuesto, siempre son los grupos poblacionales menos cualificados profesionalmente y/o más vulnerables socialmente los que más han sentido la destrucción de empleo y el decrecimiento económico.
Comparativamente, la pérdida de puestos de trabajo ha sido más feroz con los autóctonos (en el mercado español, los empleos destruidos, desde 2007 hasta mediados de 2009, se acercaban al 7,8%) que con los extranjeros (6,2%); aunque el nivel de paro se ha ensañado con estos últimos: 27% entre los inmigrantes frente al 16% entre los nativos, justificado porque históricamente era superior entre los primeros que entre los segundos (Aja, Arango y Oliver, 2009: 12).
Las consecuencias derivadas de este hecho apuntan, en España, hacia un lento retroceso de las migraciones regulares (entradas legales) de mano de obra no cualificada, al no cumplir los requisitos legales de acceso para extranjeros al mercado de trabajo. También señalan hacia el retorno (con unas cifras más bien modestas a pesar del Plan de Retorno Voluntario), dada la imposibilidad de renovar permisos temporales de trabajo y residencia en situación de desempleo, o hacia la irregularidad administrativa de la que pende, en el mejor de los casos, la invisibilidad, cuando no exclusión, social.
Al retroceso económico (pérdida de poder adquisitivo) y residencial (imposibilidad de hacer frente a hipotecas y alquiler de habitaciones a otros inmigrantes dentro de la vivienda habitual) no parece, sin embargo, haberse sumado un retroceso en la formación profesional (más bien cabe esperar una continuada cualificación educativa y laboral) ni tampoco un remonte de actitudes y comportamientos xenófobos en la sociedad de acogida.
En cualquier caso, la situación de desocupación no está afectando sólo al individuo inmigrado sino también a la familia (o comunidad) transnacional de la que forma parte, precisamente por el freno de envío de remesas que empeora la situación de aquellos que se quedaron en los lugares de origen, con las esperanzas de mejora socioeconómica puestas en el proyecto migratorio del que partía.
