Francisco Guzmán (2009, en Panorámica Social) critica la Ley de Dependencia por vulnerar los derechos humanos de las personas consideradas dependientes. Y puede que tenga razón. Así y todo, se deben añadir otros agravios, a quienes tienen una limitación funcional y al resto de la población de este país. La norma, que nos vino de regalo en las Navidades de 2006, atenta también contra instituciones elementales en cualquier sociedad; en particular, el cuidado y la protección, en el seno de la familia, de todos sus miembros.  Leyes como la que dice promocionar la autonomía personal colectivizan la limitación funcional, difuminan la responsabilidad individual, la previsión para el futuro, en favor de un sistema burocrático inhábil, que da alas al revanchismo entre distintos grupos de intereses.

A pesar de todo, el gobierno ha vendido su iniciativa legal, a quien haya sido tan incauto para comprar esa mercancía, como el encaje de bolillos de las políticas sociales más avanzadas de nuestros tiempos. En ella, las personas dependientes, según la terminología oficial, quedan encasilladas en los estereotipos que brotan del paternalismo más rancio y paralizante.  La buena intención del legislador no justifica el contenido de la ley. Mucho menos si esa bondad incluye la pretensión de modelar la sociedad, o la imposición, a todos los ciudadanos, de los prejuicios ideológicos del momento.

La discapacidad es una experiencia inequívocamente individual, que cada uno afronta y vive de forma única, diferente. En cambio, la regulación estrella de la primera legislatura de Zapatero implica que las necesidades de los dependientes son interpretadas, tamizadas y digeridas por los burócratas del momento. Y las medidas que proponen son el reflejo de cómo se ven esas necesidades desde los despachos ministeriales, muchas veces alejados de la realidad que tratan de gestionar.

Por eso el Estado trata de suplantar valores e instituciones fundamentales en una sociedad; en particular, los vínculos familiares y la solidaridad hacia aquellos que precisan asistencia en la higiene personal, en el transporte o en cualquier actividad cotidiana.

Desde luego, el título está muy bien elegido. Ya rondarán los dos millones de personas las que han sido asimiladas al poder político, convirtiéndose en una dependencia administrativa más. Ya falta menos para que alcance a un dependiente por empleado público.

El legislador redactó la ley con el propósito de articular una normativa avanzada, desde la perspectiva socialdemócrata. Pero, desde el preámbulo, se advierte la creencia de que los discapacitados no son capaces de aportar nada a la sociedad. Y que, por el contrario,  están condenados a una posición secundaria, desde la que se limitan a esperar algún tipo de impulso, prebenda o privilegio proveniente del poder político.

El siglo XX ofrece demasiados ejemplos de hacia dónde nos lleva el desprecio por la cooperación entre los individuos y por la evolución espontánea de las instituciones sociales, y de lo que ocurre cuando se imponen, en su lugar, la coacción, la presión política y la rigidez de unas instituciones burocratizadas.

Es muy difícil que la Ley de Dependencia no vulnere libertades fundamentales del individuo, estén o no reconocidas en las distintas convenciones que han aprobado las Naciones Unidas. Pero no queda ahí la cosa. Es también muy discutible la imposición de unos derechos llamados sociales. Muy a menudo, esos supuestos derechos sirven de pretexto para enmascarar, del lado de los burócratas,  la condescendencia hacia las personas con discapacidades; quienes son contempladas como seres inferiores, necesitados de la caridad administrativa, incapaces de coger la vida por los cuernos y luchar por sí mismos y por sus familias sin resentimientos.

Mientras, muchos de quienes dicen defender a las personas con limitaciones funcionales, o a los discapacitados en general, parecen esgrimir los derechos sociales sólo para culpar a la sociedad de su situación. Es lógico entonces que sus conciudadanos cedan poco a poco sus responsabilidades, que atenderían, sin ninguna duda, en ausencia de la intervención estatal. La asistencia privada, y muchas empresas del sector,  han realizado aportaciones muy valiosas en el ámbito de la discapacidad, entre las que destacan las relacionadas con las adaptaciones técnicas.  Por contra, la actuación pública suele generar un ambiente acomodaticio en la vida social, cuando no una pugna, más o menos evidente,  por hacerse con el papel protagonista de la próxima intervención pública.

Si analizamos todos los perjuicios achacables a la Ley 39/2006, no son asuntos menores el extraordinario coste del Sistema Nacional de Dependencia; los vicios que presenta el funcionamiento de un aparato burocrático de esa magnitud; o el poderoso incentivo al fraude, para obtener el mayor rédito posible dentro de lo que la norma dispone. Y todo ello ha ocurrido con la desinteresada colaboración de muchos activistas, y de la totalidad de las entidades que dicen representar a las personas en situación de dependencia. Se han configurado unas élites politizadas y burocráticas, que reducen su acción a reclamar permanentemente subsidios y a monopolizar la representación ante los organismos públicos de un grupo diverso y heterogéneo por naturaleza.

La alternativa que se plantea es la liberación de los mecanismos absorbentes puestos en marcha por el estado (subvenciones, empleo protegido) y  de la complicidad que practican las macro organizaciones en el ámbito de la discapacidad. Pero estas han preferido echarse en brazos del poder, y acomodarse al adormecedor vaivén de la dependencia política.

Jorge Bolaños Martínez es Doctor en Economía y miembro del Instituto Juan de Mariana.