La vulnerabilidad está relacionada con las particularidades del individuo y la manera en que éstas se lidian con el entorno en que se encuentran (Yunes, MA: 2001). De este modo, se reconoce la compleja interacción e influencia de la predisposición individual a la vulnerabilidad y otros factores adicionales como el contexto y ambiente en que se vive, la presencia/ausencia de una estructura o apoyo social (Aires, JRCM y al.: 1999), las condiciones sociales y económicas, el acceso a la información, a la educación, a la asistencia social y la salud, el respeto de los derechos humanos y la integración política y cultural del individuo.
Las necesidades básicas de los individuos no quedan satisfechas debido a la insuficiente cobertura que ofrecen las políticas públicas. Precisamente, la falta de acceso a la educación, la dependencia económica de las mujeres pobres con respecto a sus maridos y/o las precarias relaciones laborales cuando éstas trabajan, así como en exclusión del mercado de trabajo, determinan una situación de privación, pobreza y pseudoparticipación en el contexto social.
Según las investigaciones realizadas por el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Centro de Atención Integral a la Infancia y la Adolescencia (CAIC, por sus siglas en portugués), vinculado a la Pro-Rectoría de Extensión y Cultura de la Universidad Federal de Río Grande (FURG, por sus siglas en portugués), y en particular del estudio exploratorio “Perfil psicosocial de las familias del CAIC”: a pesar de la dependencia económica de las mujeres, son ellas quienes cuidan y/o son responsables de la presencia de sus hijos en la escuela, así como de incentivar su educación. Muchas veces, forman parte además de los de 3,6 millones de familias monoparentales encabezadas por mujeres que viven en la República de Brasil, según datos el Instituto brasileño de Investigación Económica Aplicada (IPEA). El estudio mostró también, en contraposición con las estadísticas nacionales del país americano (IPEA apuntaba que las mujeres mayores de 16 años en Brasil tenían un educación superior a la de los hombres en un 9,3%), que las mujeres entrevistadas (la muestra estaba compuesta por 89 familiares de un total aproximado de 750 alumnos del CAIC) poseían un nivel de estudios inferior al de los hombres (esposos, si habían contraído matrimonio).
Las estadísticas, tanto local como nacional, sí que coinciden, sin embargo, en la diferencia de acceso a la educación secundaria entre hombres y mujeres. Esta desigualdad en el acceso a la educación motivada por el sexo como parte del sistema educativo provoca impactos que inciden en la reproducción de los estereotipos relacionados con las convenciones sociales de género que refuerzan la segmentación sexual del trabajo y de las ocupaciones sociales. Si el acceso a la educación está marcado por los indicadores de la desigualdad entre grupos sociales se puede afirmar que el acceso a la enseñanza y la permanencia de los estudiantes se centra en el acceso/ permanencia en razón del sexo, raza, etc. Conviene detenerse en este hecho muy significativo, ya que la educación se eleva como necesaria para alcanzar mejores oportunidades sociales en el futuro.
Los datos del mencionado estudio, en perspectiva comparada local/nacional, también revelan la vulnerabilidad en el acceso al mercado de trabajo, caracterizada por el desempleo, la pobreza y las malas condiciones de vivienda. Este fenómeno se refleja particularmente en las tasas de desempleo de la población brasileña mayor de 16 años: en 2007, entre hombres blancos la tasa de desempleo fue de 5,3% mientras que la tasa de desempleo de las mujeres blancas fue del 9,2%. En el caso de la población masculina negra, la tasa de desempleo fue del 6,4%, mientras que para las mujeres negras, el índice llegó a alcanzar el 12,2% (IPEA), una muestra más de la desigualdad histórica en el acceso a bienes y servicios materiales y/o los bienes inmateriales en el país.
Además de la extrema pobreza, es la dependencia de sustancias como el crack, utilizado por el 6,8% de las familias, el que entorpece a los estudiantes entrevistados. También lo es la discapacidad mental o física, que afecta al 10,4% de las familias entrevistadas. No en vano, entre las muchas dificultades que son consecuencia del abuso de sustancias y la aparición de enfermedades, ya sean físicas o mentales, es esta dependencia la que marca la invisibilidad de los derechos humanos, tanto del grupo estudiado como en muchas otras partes de la población de los países en desarrollo.
El conocimiento de estas realidades permite discutir y elaborar estrategias que pueden ayudar a cambiar la vida de estas comunidades. Tal vez una de estas estrategias sea el grado de articulación entre la extensión universitaria y la comunidad, que conduce y materializa las acciones necesarias para la transformación de la pobreza, es decir, para que toda persona tenga cubiertas sus necesidades básicas, un derecho irrevocable que el Estado tiene la obligación de cumplir de acuerdo con los derechos humanos.
Fernanda F. da Fonseca es diplomada en Trabajo Social y máster en Política Social.
Liliane da Costa Ores es diplomada en Psicología, máster en Salud y Comportamiento y doctoranda en la misma disciplina.
