En Brasil, el control social democrático es comprendido como el control de la sociedad civil sobre el Estado, realizado con la participación popular en la propuesta, aprobación, acompañamiento y fiscalización de las políticas públicas. Es el resultado de un amplio proceso de democratización desencadenado en la década de los ochenta y que culminó con la promulgación de la Constitución Federal de 1988, al instituir un proceso descentralizado y participativo en la gestión de las políticas sociales y crear los consejos como mecanismos responsables del ejercicio del control social.
De este modo, las políticas sociales, que eran tradicionalmente consideradas como foro exclusivo Gobierno, se convirtieron en instrumentos jurídicos de garantía de participación popular en las diferentes instancias gubernamentales (municipales, estatales y nacionales). Los consejos en política asistencial se alzan, por su parte, como órganos colegiados de carácter permanente y deliberativo con funciones de formulación de estrategias, control y fiscalización de la ejecución de las políticas públicas. De naturaleza paritaria, están constituidos, a partes iguales, por representantes del área gubernamental y representantes del área no gubernamental, incluyendo en ésta última, representantes de los usuarios, de los trabajadores de área y de las entidades prestatarias no gubernamentales.
Esta innovación política fue regulada en la Ley Orgánica de Asistencia Social (LOAS) en 1993 como parte de una nueva concepción que la define como pública e integrante del Sistema de Seguridad Social, de derecho del ciudadano y deber del Estado, rechazando el paradigma del “asistencialismo”. Además de los consejos, la LOAS prevé la realización de Conferencias para la elección de las directrices generales, incluyendo a otros sujetos políticos que no estén necesariamente presentes en los consejos, por lo que ellas tienen, también, un carácter de movilidad social. Están organizadas por los consejos y convocadas cada dos años, ofreciendo la oportunidad de construir las directrices que respondan a propuestas discutidas y aprobadas por los delegados de las conferencias.
La implantación de este proceso participativo que constituye la base del control social democrático fue reforzada en 2005, con la aprobación de la Norma Operacional Básica del Sistema Único de Asistencia Social (NOB/SUAS) que ordena la gestión pública de la Política de Asistencia Social, reafirmando la importancia del control social como uno de los principales ejes del SUAS, caracterizándolo como un sistema (1) de carácter no contributivo e universal, dentro del sistema de protección social; (2) de gestión compartida entre las diferentes instancias federales; (3) de carácter democrático y participativo de gestión y control social. Según esta NOB, el SUAS quiere propiciar el “desarrollo humano y social y los derechos de la ciudadanía de los usuarios”.
En 2009, el eje central de las Conferencias de Asistencia Social fue precisamente el proceso participativo y control social del SUAS, donde se puso el énfasis en la necesidad de fortalecer la participación popular a lo largo del proceso, para que el SUAS se consolide con la implantación de procedimientos técnicos y políticos en lo que se refiere a la organización y prestación de servicios asistenciales en todo el país. Así, la participación que ya estaba incorporada desde la promulgación de la LOAS en esta política se ve reforzada por propuestas que incentiven la organización de los usuarios desde los locales donde son prestados los servicios socio-asistenciales, en las instituciones de prestación de servicios y en los grupos socioeducativos, con reuniones formativas, informativas y de evaluación de la atención. Estas acciones podrían desarrollar una conciencia crítica en los usuarios, lo que determinaría al mismo tiempo su participación en los consejos, conferencias y en otras actividades como audiencias públicas con miras a la defensa de sus intereses.
Por lo tanto, la inclusión del control social iniciada con la creación de mecanismos paritarios, se fortalece con la búsqueda de la efectiva participación del usuario, pasando a considerarlo como uno de los actores de la política y no sólo como un receptor de servicios o de programas asistenciales, sino como participante de consejos y conferencias, aunque, muchas veces, sin voz activa en las deliberaciones.
Así, el control social democrático viene consolidándose en la política brasileña de asistencia, aunque uno de sus principales desafíos, actualmente, sigue siendo el conseguir concretizarlo teniendo al usuario y a la familia como principales protagonistas de este proceso.
Vini Rabassa da Silva es trabajadora Social, doctora en Trabajo Social y profesora del Máster en Política Social de la Universidad Católica de Pelotas de Río Grande del Sur - Brasil.
